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“Hubo que adoptar medidas drásticas –que muchas veces siguen siendo necesarias– para hacer frente a las primeras olas de infección del COVID-19 en todo el mundo. Reabrir los lugares de trabajo es mucho más complicado que cerrarlos, y resulta crucial que las regulaciones, los procedimientos y los sistemas de salud y seguridad en el trabajo sienten las bases para la vuelta al trabajo, así como en aquellas situaciones donde el trabajo no se llegó a interrumpir. El diálogo social y las negociaciones entre empleadores y sindicatos son un elemento central. Cualquier arreglo que simplemente se imponga a los trabajadores sin consultas y sin la implicación sindical suponen un riesgo mucho mayor, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para el público en general. Todas las evidencias apuntan a que los lugares de trabajo –tanto si se trata de centros de salud o de cuidados, sistemas de transporte, locales públicos y otros lugares donde los trabajadores están en contacto con el público, o centros de procesamiento, oficinas y lugares donde se junte un considerable número de trabajadores– representan vectores importantes para la propagación del virus. Normas adecuadas de salud y seguridad en el trabajo protegen a los trabajadores, a sus familias y al público en general”, comentó Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado orientaciones para el regreso al trabajo, poniendo de relieve la necesidad de un enfoque basado en los derechos, que se integre en los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo.

Proteger la salud y la seguridad es una de las responsabilidades primordiales de los sindicatos, que cuentan con importante experiencia acumulada y pueden ejercer funciones de formación e investigación especializadas. En el Reino Unido, se han logrado acuerdos con varias compañías importantes para que responsables de salud y seguridad de los sindicatos proporcionan asesoramiento y orientación a las compañías en sus cadenas de suministro, mientras que en Escocia el Gobierno, las autoridades de salud y seguridad, gobiernos locales y la policía recomiendan que los especialistas sindicales tengan acceso a todos los lugares de trabajo de manera que todos los trabajadores y empleadores puedan beneficiarse de su experiencia y conocimientos.

“Otros deberían seguir estos ejemplos, que reconocen la escala y la complejidad del regreso al trabajo, movilizando las capacidades necesarias en cada centro de trabajo. Es algo que reviste aún más importancia en la economía ‘gig’ y los negocios de plataformas o basados en aplicaciones, como para el transporte de viajeros, donde los trabajadores están incorrectamente clasificados como ‘independientes’ y privados por tanto de un estatus de trabajadores y de la protección de un sindicato. Además, no podemos asumir que el COVID-19 habrá desaparecido el día de mañana. Seguirá con nosotros durante tiempo y la resiliencia, tanto en relación con la salud de las personas como para la regeneración y el mantenimiento de la actividad económica, dependerá de que contemos con lugares de trabajo saludables y seguros”, añadió Burrow.

La CSI reclama además que el COVID-19 se clasifique como enfermedad profesional en los marcos normativos nacionales, incluyendo requisitos oficiales para su registro y comunicación, tanto a efectos preventivos como para garantizar compensación a los trabajadores.