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La población penitenciaria y las personas en situación de migración son grupos vulnerables a la pandemia debido a las condiciones de vida y poca atención médica. La Maestría en Derechos Humanos y Paz organiza una serie de conversatorios en relación con los derechos humanos en el marco de la contingencia sanitaria.

Abrazado por una sábana que lo ata a los barrotes, un hombre se mantiene de pie mientras intenta dormir. No hay espacio para hacerlo acostado. Otras 15 personas comparten la misma celda. Esta es la realidad para miles de reclusos a lo largo del país en tiempos de contingencia sanitaria.

El distanciamiento social impuesto debido a la pandemia por Covid-19 no es regla en los centros penitenciarios y de detención del país. Tampoco las medidas de higiene personal y sanitarias, tan necesarias para controlar la exposición y reducir el contagio del virus. El derecho humano a la salud, e incluso a la vida misma, de la población penitenciaria está siendo vulnerado.

Este último tema fue abordado por académicos en el conversatorio virtual “Covid-19 y derechos humanos: personas en centros de detención y población Migrante”, organizado por el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) y la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO.

Ilsse Torres Ortega, coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica del ITESO, destacó que hay una concepción social de que el sufrimiento de la población penitenciaria está justificado, dado que se entiende a la cárcel como un espacio en el que los individuos deben expiar los males cometidos y no como un centro de reinserción social.

Con esta idea, y en el contexto de la emergencia sanitaria, Torres dijo que “de todos los sectores de la población que merecen ser protegidos y atendidos, la población penitenciaria estaría en el último lugar”.

La académica señaló que un sector importante de la sociedad entiende, equivocadamente, que respetar los derechos de los reclusos implica necesariamente vulnerar los derechos de quienes no han cometido delito alguno, mermando así la atención de este último grupo. Incluso indicó que en ocasiones esta concepción opera de manera encubierta a escala institucional.

Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) añadió que de las más de 200 mil personas reclusas en México aproximadamente 90 por ciento está en centros locales y el resto en centros federales.

Enfatizó que es justamente en los centros estatales y municipales donde hay sobrepoblación y mayores carencias. Tal es el caso de algunas prisiones en el Estado de México donde 40 por ciento de los reclusos reporta que debe compartir su celda con más de 15 personas.

“A veces unos tienen que dormir amarrados con sábanas a los barrotes de los dormitorios porque no caben acostados uno al lado del otro”, mencionó.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (Enpol), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a escala nacional 30 por ciento no tiene acceso al agua potable –en el Estado de México es más de la mitad– y 7.6 por ciento de los internos de centros locales señalan que las instituciones no les dan insumos de limpieza, sino que les son dados únicamente por sus familiares. Además, las comorbilidades que acompañan al Covid-19 como la obesidad, la hipertensión y la diabetes están muy presentes en las prisiones mexicanas.

Medidas implementadas, insuficientes

Pérez Correa consideró que han sido pocas e insuficientes las estrategias que se han tomado para mitigar los efectos de la epidemia dentro de las cárceles. Una de ellas es la Ley de Amnistía aprobada a nivel federal, que sólo podrá beneficiar entre 3 mil y 6 mil personas.

“Se tiene que formar una comisión desde el ejecutivo y las personas deben llevar sus expedientes ante esta comisión para que se revise. Puede que (los resultados) los veamos hasta dentro de dos, cuatro o hasta cinco meses”, dijo.

También se suspendieron las visitas de familiares en casi todos los centros penitenciarios y con ello se redujo aún más el acceso de los reclusos a agua, comida y otros productos.

Por otro lado, las estrategias de liberación permitirán que salgan hasta 3 mil personas en los estados del centro del país, pero esta medida no servirá si continúan manteniéndose las prácticas de detención.

“Lo poco (de espacio) que estamos liberando esta rápidamente volviendo a ser ocupado, poniendo también en riesgo a los custodios y el personal de las fiscalías”, resaltó la investigadora, quien se pronunció por hacer del derecho penal el último recurso.

Migrantes, sin protección ante pandemia

Aún sin Covid-19, la situación de los migrantes en México ya era precaria. En las estaciones migratorias hay hacinamiento, condiciones insalubres, mala alimentación y poca o nula atención médica que hacían de este un grupo vulnerable a diversas enfermedades.

Daniela Reyes Rodríguez, coordinadora del área de Solicitudes de Asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), recordó el caso de una estación migratoria en Hermosillo, Sonora, en diciembre de 2019. Aunque el espacio estaba destinado para 60 personas, había detenidas más de 300.

“Cuando empiezan las restricciones de movilidad y los protocolos de sana distancia y reducción de actividades no esenciales, en las estaciones migratorias la gente empieza a tener miedo pues identificaron el riesgo al que estaban expuestos”, dijo. Desde entonces ha habido manifestaciones y motines que reclaman al Instituto Nacional de Migración (INM) las detenciones prolongadas y exigen la liberación o deportación a sus países de origen, a fin de no exponerse al contagio.

Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos comenzaron a emprender acciones conjuntas con la intención de atender la situación de personas detenidas.

Reyes Rodríguez apuntó que la más importante ha sido la presentación de amparos en favor de las personas privadas de la libertad por motivos migratorios. A pesar de que el poder judicial prácticamente suspendió actividades “se logró que se dictaran medidas de suspensión para efecto de que las autoridades migratorias y otras autoridades de salud tomaran medidas particulares respecto de todas las estaciones migratorias y estancias provisionales del país”.

“Las autoridades migratorias tienen que garantizar el derecho a la salud de las personas que estén en detención, dar suministro suficiente de higiene, agua potable y alimentos sanos, nutritivos y adecuados”, señaló la representante de la CMDPDH.

Puntualizó que, aunque las autoridades han adoptado una visión de protección a los derechos humanos durante la pandemia, no ha disminuido la presentación y detención de personas, por lo que las estaciones migratorias están en peligro de saturarse nuevamente.

“Nos queda claro que el INM los está dejando salir y el mundo no se está acabando. La práctica nos está enseñando que la adopción de medidas alternativas de forma masiva es viable y posible. Deberíamos discutir por qué no lo estamos haciendo”, sentenció Reyes Rodríguez.

Para Adriana González Arias, académica del ITESO la pandemia pone en evidencia las fallas que ya existían en el sistema. “Venimos de un contexto en donde el discurso contra la migración se da desde las instituciones, lo que afecta a la política pública y a su vez afecta lo que piensa la sociedad en general”.

La académica señaló que continuar con la concepción de que el migrante es un riesgo para la salud solo subordina a las personas en situación de migración en relación con los ciudadanos de un estado. “Los derechos humanos son para todos, no solamente para los nacionales de un país. Mientras el estado mantenga ese discurso, la política migratoria será peor”, apuntó.