COVID-19 evidencia la desigualdad social y de género: académica

Staff/Rossi

· Para la Mtra. Elvia González, las mujeres están siendo las más afectadas durante esta contingencia por coronavirus

Por: Mtra. Elvia González del Pliego Dorantes, coordinadora del Programa de Género e Inclusión de la IBERO

En el último mes, hemos escuchado voces procedentes de distintas latitudes que nos hablan sobre los impactos diferenciados que esta pandemia está provocando en varios países, poniendo especial énfasis en aquellos en los que la desigualdad social es más fuerte. En este sentido, México no es la excepción.

Así, ante tantas opiniones, he pasado días reflexionando sobre esas diferencias en los impactos y, por supuesto, considero que hay varios ángulos desde donde mirarlas y pensar en posibles acciones para paliar los daños que las personas estamos viviendo.

La cuestión es que en varios de los grupos poblacionales que he considerado, hay una constante, las mujeres están siendo las más afectadas, ya sea por la violencia, por el cansancio que implica tener la responsabilidad mayoritaria de los cuidados y atención a familiares en edad avanzada, a hijas e hijos, a personas con alguna discapacidad, agregando a ella la limpieza del hogar, cocinar, fungir como profesoras en educación preescolar y primaria en casa, contener a la pareja si así lo requiere o ser la mediadora para que no haya discusiones entre adolescentes, más el trabajo por el cual sí reciben un ingreso económico y que realizan ya sea a distancia o saliendo de casa, etc.

Según datos de la OCDE (2012), las mexicanas dedican cuatro horas diarias más al trabajo no remunerado que los hombres, debido a los roles de género y la falta de políticas que favorezcan la corresponsabilidad y conciliación entre trabajo y vida familiar.

En los casos en los que la jefatura del hogar está encabezada por una mujer, es todo lo mencionado más la responsabilidad 100% de la economía del hogar o bien, en muchos casos, tener que lidiar con la violencia de una expareja para que cubra el porcentaje de manutención que le corresponde. En México, el 28.5% de los hogares tiene jefatura femenina (INEGI, 2017a). “21.1% de los hogares rurales indígenas tienen jefatura femenina, generalmente en peores condiciones de vida que los hogares con jefe de familia varón” (Bonfil, De Marinis, Rosete y Martínez, 2017, p. 160). El ingreso trimestral monetario de las mujeres que se consideran indígenas en 2018 fue de $9,385.00 y de $5,780.00 en aquellas hablantes de lengua indígena, en comparación con $16,059.00 y $10,733.00 respectivamente de los hombres (INEGI, 2018).

Partiendo de lo antes mencionado, le podemos agregar algunas condiciones y características extras para ayudar a imaginar cómo la situación se puede poner más complicada y dar una idea de lo duro que esta pandemia puede estar afectándolas. Pensemos, por ejemplo, en sumar a las condiciones de pobreza y marginación, ser seropositiva (ser portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)) y ser de más de 50 años, pertenecer a algún grupo indígena, ser migrante, ser mujer trans, ser afrodescendiente y vivir en un contexto rural, estar en prisión, ser adolescente y tener un embarazo no planeado, entre otras.

Si vamos revisando cada caso de forma muy sencilla, sin profundizar como merecería cada uno y consideramos algunos de los impactos para estas poblaciones, tenemos que en estos momentos de la pandemia encontramos situaciones como:

a) Mujeres seropositivas. Según datos de la Secretaría de Salud (SS), sin incluir la información del IMSS ni del ISSSTE, en México hay 2 mil 742 mujeres de 55 años y más que son seropositivas, 267 se encuentran en la Ciudad de México. Estas mujeres tienen que ir una vez al mes a hacer su chequeo médico y recoger sus medicamentos. En muchas ocasiones no cuentan con los recursos económicos para pagar el transporte público. Su salud es delicada y si no acuden por sus medicamentos, no se los entregan, lo cual en estos momentos de pandemia implica correr un riesgo ante el COVID-19. Sumemos a esto, el miedo al contagio y vivir solas su enfermedad pues en muchos casos sus familias no saben que tienen el VIH.

b) Mujeres indígenas. En varios lugares, estas mujeres se dedican al trabajo informal, muchas venden sus productos artesanales, lo cual implica salir a las ciudades o acudir al espacio público en sus localidades para venderlas. Si en estos momentos no pueden salir y además no hay personas en las calles, ellas no tendrán los ingresos que necesitan para alimentar a sus familias. La Encuesta Intercensal (INEGI, 2015) y el criterio de hogar señalan que la población indígena constituye el 10.1% de la población total y dentro de ella 6 millones 146 mil 479 son mujeres (51.1%) y 5 millones 879 mil 468 son hombres (48.9%). Más de 75% de esta población está concentrada en: Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), México (9.1%), Puebla (9.1%), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) e Hidalgo (5%). Según datos del INEGI, 2015, el 64.7% de las mujeres indígenas de 12 años y más realiza actividades no renumeradas (cuidados a familiares, limpieza de su casa, cocinar para la familia, etc.), cifra mayor al porcentaje nacional que se ubica en 62.8%. El 35.3% de los hombres indígenas de 12 años y más realiza actividades no renumeradas, valor menor en 37.2% al valor nacional de hombres de la misma categoría.

c) Mujeres trans seropositivas. Tienen que acudir una vez al mes en transporte público a recoger sus medicamentos y a hacerse el correspondiente chequeo médico, lo cual además del riesgo a su salud, también implica la posibilidad de ser violentadas en el transporte y/o en la vía pública. En los últimos años, los asesinatos de mujeres trans han ido en aumento.

d) Trabajadoras sexuales. En este grupo se encuentran también mujeres trans y en estos momentos, al menos en la Ciudad de México son aproximadamente 7 mil 500 trabajadoras sexuales, comenta la representante de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, A.C., Lic. Arlen Palstina Pandal. Comenta la abogada, que aún con la indicación de quedarse en casa, estas personas siguen trabajando y arriesgando su salud y su vida pues son el pilar económico de sus familias, tienen hijas e hijos, son amas de casa. Señaló que “debido al cierre de los hoteles en donde vivían se han quedado en la calle y sin que el Gobierno de la CDMX atienda dicha situación o sin brindarles algún albergue ni alimentos, por lo que por parte de esta organización y con apoyo de otras personas aliadas, se ha establecido un Comedor Comunitario para garantizar la comida a las mujeres que van de diferentes puntos a comer y a entregarles despensas”. Desafortunadamente, ya los recursos no alcanzan para apoyarles.

e) Mujeres migrantes. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2020), durante esta pandemia éstas mujeres enfrentan dificultades para mantener su actividad económica por las restricciones para viajar y moverse, además de que quienes trabajan como trabajadoras domésticas se ven obligadas a vivir en sus lugares de trabajo y continuar trabajando sin recibir remuneración. También, están más expuestas a la violencia y la explotación por estar más aisladas y dependiente de quienes las emplean, tienen mayor riesgo de violencia en los albergues, centros colectivos y en los lugares en donde se alojan temporalmente. Por otra parte, desde el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la IBERO, informan que las mujeres “están enfrentando deportación y el encierro en cuanto llegan a sus países de origen pues son puestas en cuarentena en condiciones que no se conocen bien, además, el gobierno mexicano ha estado abandonado a grupos de personas en la frontera con Guatemala, entre ellas mujeres embarazadas y con bebés, exponiéndolas a los riesgos que implican cruzar la selva de noche”.

f) Mujeres afrodescendientes. Según la Encuesta Intercensal, en el año 2015 había 705 mil mujeres afrodescendientes mayoritariamente en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, dentro de ellas, únicamente el 33.5% participaban en alguna actividad económica, 68.1% se dedicaba a labores del hogar y 20.5% estudiaba, en comparación con el 71.8%, 3.5% y 49.3% de los hombres, respectivamente, en esos mismos rubros. Del porcentaje que participaba en alguna actividad económica, 79.4% participaba en el sector terciario, 9.9% en el secundario y 8% en el primario, recibiendo el 50.9% más de 1 a 3 salarios mínimos, el 11.1% hasta 1 salario mínimo y 26.6% más de 3 salarios mínimos (INEGI, 2015). Cabe señalar que, en estos momentos por la pandemia, el sector terciario ha sido fuertemente afectado económicamente por el cierre de establecimientos dedicados al comercio, turismo y servicios. A esto, sumamos la violencia sexual cotidiana por la hipersexualización que hay en el imaginario colectivo, la discriminación por ser mujeres y por racismo, llegando en años anteriores a negarles la atención en los servicios médicos o poniéndolas a cantar el himno nacional para probar que son mexicanas.

g) Mujeres privadas de la libertad. Según datos de Equis Justicia para las Mujeres, el 91.4% de las mujeres privadas de la libertad no habían sido juzgadas previamente por un delito y el 76.3% de las mujeres en prisión sufrió algún tipo de violencia por parte de la policía u otra autoridad al momento del arresto. Estas mujeres, además de que en la mayoría de los casos son abandonadas por sus familiares, corren el riesgo de contagio por el COVID-19 y a no contar con los servicios de salud adecuados en caso de emergencia.

h) Adolescentes embarazadas. Según información del INMUJERES, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estas chicas tienen un mayor riesgo de deserción escolar debido a la violencia y discriminación que viven muchas veces de parte de sus pares, autoridades escolares, padres y madres de familia. Además de ser a quien, en la gran mayoría de los casos, se haga responsable del cuidado y manutención del hijo o hija. Esto a su vez, impacta en su salud física y mental, en su preparación y dificultad para desarrollarse profesionalmente y tener acceso a mayores ingresos y a una mejor calidad de vida. En estos tiempos de cuarentena, estas chicas corren el riesgo de ser violentadas debido a su embarazo en el ámbito familiar, de exponerse al contagio y daños a su salud que puedan costarles la vida si son arrojadas a la calle por parte de sus familias o bien si tienen que salir a trabajar para obtener recursos para mantener a su hijo o hija. Además, la crisis económica que ya ha iniciado, es muy posible las coloque en una mayor vulnerabilidad para aumentar su situación de pobreza por su falta de preparación y todo aquello que implique esa maternidad no planeada a su corta edad.

Cabe señalar que estas poblaciones ya antes de la pandemia enfrentaban discriminación como lo muestran datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), en los que se puede encontrar que el porcentaje de población de 18 años y más que opina que en el país se respetan poco o nada los derechos de distintos grupos de población son: 75% personas trans, 66% personas gays o lesbianas, 65% personas indígenas, 56% personas afrodescendientes y 48% mujeres (INEGI, 2017b).

Ahora bien, también podemos hacer reflexiones por tipo de actividad, agregando al análisis el cansancio y el estrés que está generando esta temporada por la pandemia al estar en casa, uniendo el trabajo no remunerado y el remunerado, además de la posibilidad de estar padeciendo algún tipo de violencia (física, sexual, psicológica, económica, patrimonial), por ejemplo, ser enfermera, profesora, trabajadora doméstica y trabajadora de limpieza de calles para algún gobierno, entre otras. “Casi un tercio (29%) de las mujeres mexicanas que trabajan lo hacen en el sector informal, 11% trabajan en el sector doméstico mal remunerado; y el 51% de los trabajadores por cuenta propia en el sector informal son mujeres (OCDE, 2012) y el 78% de las mujeres trabajan en el sector salud y en educación (INEGI,2012).

En el caso de profesionistas de enfermería y cuidados, en México hay 265 mil 248, de los cuales el 82% son mujeres y el 18% hombres según el Observatorio Laboral, perteneciente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Estas enfermeras están padeciendo, muchas de ellas violencia en el transporte público, de parte de sus vecinos, en sus familias y en las calles. Es por así decirlo, una violencia sanitaria pues lo que lo detona es el miedo al contagio, de tal manera que ahora que están en el frente de la batalla contra el COVID-19 arriesgando su vida por salvar la nuestra, corren el riesgo de ser discriminadas y violentadas por ser mujeres y por su profesión.

En el caso de las trabajadoras domésticas, muchas de ellas han sido despedidas de sus trabajos sin pago alguno y otras siguen trabajando a costa del riesgo para su salud, ya sea por tener que tomar transporte público y llegar a su lugar de trabajo o por tener que quedarse a vivir ahí sin gozar en realidad del descanso que necesitan pues la convivencia 24/6, aun quedándose sin trabajar un día, pero dentro del mismo espacio, sin la libertad de salir y moverse a su voluntad en el lugar que habitan temporalmente, ya es una limitante que después de un tiempo tendrá su cuota de desgaste físico y emocional. Cabe señalar que ya antes de la pandemia 57.1 % de las trabajadoras del hogar consideraron que sus derechos se respetan poco o no se respetan (INEGI, 2017b). 87.7% sin prestaciones laborales cuando han trabajado (INEGI, 2017b).

En el siguiente grupo, nos encontramos con las trabajadoras de limpieza, sabemos que según datos de la Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU) en la Ciudad de México, hasta el año 2016, las mujeres eran, en su mayoría (70%), quienes limpiaban las calles, principalmente por las noches para que por los días pudiesen hacerse cargo del trabajo no remunerado en casa, es decir, cuidar, educar, limpiar, cocinar, etc. Ante esto, en esta época del COVID-19 estas mujeres además de la doble o triple jornada que comúnmente realizan, arriesgan su salud y posiblemente su vida y la de su familia por estar al frente manteniendo la ciudad limpia y tratando de obtener recursos para su manutención.

En el caso de las profesoras, pues tenemos diversidad de grupos, ya que están quienes trabajan en educación básica, media superior y superior. Según datos de INEE (2015), el 67.5% del profesorado en educación básica son mujeres entre aproximadamente los 25 y los 50 años de edad en su mayoría. En el caso de la educación media superior los datos que encontramos se presentan en la siguiente gráfica del INEE (2015):

En estos casos, las profesoras en los distintos niveles educativos, incluyendo por supuesto a mis compañeras académicas que laboran en las instituciones de educación superior, tanto en instituciones públicas como privadas, en esta pandemia son otro de los grupos que está enfrentando especiales dificultades para realizar su trabajo remunerado, tomando en cuenta también el no remunerado. Ahora, ellas tienen que continuar su labor de enseñanza a distancia y acompañar a su alumnado, sin contar en muchos casos con las plataformas y herramientas tecnológicas para ello, generándose así un alto nivel de estrés y sin que ellas, como el resto del profesorado en este país, tenga un sueldo que realmente represente la gran labor que desempeñan y su importante aportación para el presente y futuro de México y el mundo.

Violencia contra las mujeres por razón de género

Ahora, pasemos a la otra parte de las reflexiones, la violencia por razón de género. En México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros tres meses de 2020, a nivel nacional, hubo 240 feminicidios, de los cuales 76 ocurrieron entre febrero y marzo. Agregamos 720 homicidios dolosos de mujeres en el mismo tiempo, siendo 254 solamente en un mes. Con datos del BANAVIM (2020), sabemos que en este año los agresores hombres han sido 374 mil 466 y las agresoras mujeres 18 mil 315.

Ya antes de esta emergencia por el COVID-19, sabíamos que, según datos de la ENDIREH, el 43.9% de las mujeres dijo haber sufrido violencia a lo largo de su relación actual o última 25.6% en los últimos meses; el 79.1% de las mujeres sufrieron violencia en las instalaciones de su trabajo, 47.9% sexual y 48.4% emocional, 35.2 % la sufrieron por parte de un compañero y 19.3% por su jefe (en los últimos 12 meses); 74.3% sufrieron violencia en la escuela, 38.3 % sexual y 34.1 % emocional. En los 12 últimos meses, 10.3% de las mujeres de 15 años y más fue víctima de un acto de violencia de parte de algún familiar sin considerar esposo o pareja; 67.1% de la violencia ocurrió en su casa; los tipos de violencia fueron: física, 16.9%; emocional, 59.6%; el 19.8% no denunció por miedo a las consecuencias; 17.3%, por vergüenza; 14.8% no sabía cómo y dónde denunciar; 5.6% no sabía que existían leyes para sancionar la violencia (INEGI, 2016).

En estos momentos, de acuerdo a la Red Nacional de Refugios (RNR), en poco más de un mes se incrementó en un 80% las llamadas y mensajes para solicitar ayuda por violencia por razón de género. Recientemente, Amnistía Internacional, Equis Justicia para las Mujeres y la RNR hicieron un llamado al Estado mexicano para que garantice la vida y la seguridad de las mujeres durante esta cuarentena ante la pandemia, agilizando la dotación de recursos para los refugios que en estos momentos sobreviven con sus reservas y por los donativos.

Con relación a la violencia por razón de género contra las mujeres indígenas, antes de la pandemia, en una investigación realizada en diversas comunidades del país por especialistas en género e interculturalidad en el año 2017, y en la que participaron 2 mil 240 mujeres, además de 330 autoridades comunitarias y/o funcionariado local y 600 estudiantes mujeres, se dice que “31.1% de las mujeres indígenas, casadas o unidas en pareja, sufrieron algún incidente de cualquier tipo de violencia en el año previo a la entrevista, siendo la emocional y la económica las de mayor incidencia, con porcentajes de 23.4 y 16.8%, respectivamente” (Bonfil et al., 2017, p. 11). Igualmente, estimaron que el 59% de estas mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida (Bonfil et al., 2017).

Así también, Bonfil et al. (2017) entre los resultados presentan que “25.1% ha sufrido violencia física por parte de su pareja y 18.4% por su expareja” (p. 162), “43.7% refirió ser insultada por su pareja” (p. 149), “33.8% ha sido humillada por su pareja en público” (p. 152). “Poco menos de la mitad de las mujeres indígenas encuestadas (46.8%) dijo haber sido amenazada por su pareja al punto de haberse sentido asustada” (p. 154). “La violencia física y la sexual afectan al 11.3% y 6.3% respectivamente, de las mujeres indígenas casadas o unidas que viven en pareja” (p. 154). Ahora imaginemos cómo se puede estar agravando esta situación actualmente al no poder salir de casa y agregamos las discriminaciones de que son objeto comúnmente en las instituciones públicas y socialmente.

Con base en estos datos, podemos corroborar que como las investigadoras feministas lo han señalado, la violencia contra las mujeres sucede de forma continua en tiempos de ‘paz’ y en tiempos de guerra o conflicto. Agregamos que también en tiempos de pandemia.

La masculinidad tóxica en México está causando fuertes daños a la población de forma continua, particularmente a las mujeres con tipos específicos de violencia en los lugares en donde se supondría deberían estar seguras, antes de la pandemia y durante ella. Así también, y como igualmente lo han hecho especialistas en temas de género y organizaciones internacionales que han investigado esta problemática, esa violencia no tiene como causa el alcohol, las drogas o las crisis como la que estamos viviendo, si bien pueden ser desencadenantes, sino una violencia cultural que consiste en la ideología patriarcal, que promueve roles y estereotipos de género, el sexismo, el machismo, la misoginia, la transfobia, lesbofobia, entre otras.

Finalmente, y después de haber recorrido todos estos grupos de mujeres y problemáticas, retomamos lo comentado en la reciente Reunión informativa entre las Ministras y altas autoridades de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de América Latina y el Caribe: La respuesta a la crisis de la pandemia COVID-19 desde la perspectiva de género organizada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y ONU Mujeres, por parte de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien invitó a las autoridades de los Estados a que reflexionen sobre “cómo lo que se planifique e implemente en este escenario de crisis no agudice aquellos fenómenos de desigualdad e injusticia que durante tanto tiempo trabajamos para revertir” e insistió “en la importancia de asegurar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas, de protección social y de empleo, entre otras” (CEPAL, 2020).

A esto únicamente añadiría que igualmente se considere en estas políticas los enfoques interseccional e intercultural, de tal manera que se tomen en cuenta, entre otras cuestiones para el análisis y el diseño de las mismas, las diferencias en los efectos de la violencia estructural, cultural y directa, así como de las condiciones de vida y las cosmovisiones de las mujeres que integramos estas sociedades latinoamericanas.

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