Rossi A. G.

* El coordinador general de Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME), Armando Zúñiga Salinas, afirma que la industria donde se emplean más de 600 mil personas y genera el 2% del PIB puede ayudar en la pacificación del país con una ley moderna que formalice a todos los prestadores de servicios.

Tras adherirse a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), el organismo Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME), buscará impulsar la creación de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, plataforma desde la cual se podrá complementar la modernización de la industria, así como la unidad del gremio y la formalización de casi el 40 por ciento de las empresas que hoy ofrecen sus servicios.

La ASUME, dirigida por Armando Zúñiga Salinas, aglutina a las 32 asociaciones más representativas del sector de la seguridad privada en el país, las cuales consideran que con un mejor esquema legal podrán dar mayor impulso al crecimiento de esta industria que hoy tiene gran dinamismo, a la par de coadyuvar con el combate a la inseguridad del país.

“Hoy nuestra industria tiene mucho auge porque los factores de inseguridad provocan que las empresas inviertan entre el 5 y 8 por ciento de su gasto operativo en seguridad; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha contabilizado que nuestro sector representa una cifra cercana al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país”, explicó el dirigente de los empresarios de la seguridad privada.

Para Zúñiga Salinas, CEO de la empresa de seguridad privada IPS-México, la creación de la Cámara Nacional de Seguridad Privada les permitiría defender y representar mejor los intereses de las empresas del sector y con esa fuerza, “pugnar por una mejor regulación que nos ayude a seguir creciendo con mayor orden, a través de un registro único nacional de empresas, personal y equipo”.

Con casi 8 mil empresas a lo largo y ancho de la República Mexicana y 600 mil trabajadores, la industria se divide en cuerpos de seguridad, custodios de mercancías, traslado de valores y apoyo tecnológico, con sus diferentes subsectores como en el último caso la videovigilancia, el rastreo satelital, el control de acceso biométrico y analógico, además del blindaje, desde donde se ha disparado la potencia y dinamismo económico de la seguridad privada.

El crecimiento de la industria inició en 2012 y apenas tres años después se aprobó la actual Ley Nacional de Seguridad Privada que hoy está totalmente rebasada, por lo cual, Armando Zúñiga advirtió sobre la necesidad de impulsar una nueva que ya englobe las normas técnicas de todo el desarrollo tecnológico generado en los últimos años.

“Creemos que es importante y necesario corregir las anomalías que se convirtieron en vicios en la última Ley en la materia promulgada hace 15 años, además de armonizarla con las nuevas tecnologías de la información para ayudar a los tres órdenes de gobierno a reducir los altos niveles de inseguridad que hoy agobian al país”, destacó Armando Zúñiga Salinas, quien recordó que la seguridad privada ayuda a la pacificación del país al proteger empresas y servicios estratégicos como los aeropuertos, puertos y el traslado del efectivo circulante.

“Es necesaria una Ley Nacional de Seguridad Privada que distribuya competencias a los 3 órdenes de gobierno y de esta forma se unifiquen procedimientos de control”, dijo Zúñiga Salinas, además de uniformar las normas legales en todos los estados y municipios, porque actualmente existen leyes locales muy disímiles unas de otras y hasta con la propia ley nacional.