Staff/Rossi
El equipo de profesores del PAP “Incidencia en el Sistema Penitenciario”, el Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, hacen un llamado a las autoridades para cuidar la salud y ver por los derechos humanos de las personas que están en centros penitenciarios durante la pandemia.
El PAP de Incidencia en el Sistema Penitenciario, que trabaja con el objetivo de promover alternativas de reintegración social para personas privadas de su libertad (PPL); el Centro Interdisciplinario para la Formación e Investigación Social (Cifovis), y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, (CUDJ) del ITESO, manifiestan su preocupación por la situación en los centros penitenciarios del estado y el país ante la emergencia mundial por el COVID-19, por lo siguiente:
Según el último Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario (DNSP) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2019), hay 17 centros federales, 268 estatales y 13 que dependen exclusivamente del gobierno de la Ciudad de México, sumando un total de 298 reclusorios en el país. Distribuidas de manera desigual entre estos centros, de acuerdo con el mismo diagnóstico, había 198 mil 384 PPL al inicio del año pasado. En la misma investigación, la CNDH detectó una sobrepoblación y condiciones de hacinamiento en 46 por ciento de los centros estatales. Entre ellos están los dos principales centros del complejo penitenciario de Puente Grande: la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado de Jalisco, que tiene una capacidad para 2 mil 992 PPL y una población de 6 mil 309 y la Comisaría de Sentenciados que alberga a 4 mil 378 PPL en instalaciones con una capacidad máxima para 2 mil118 personas. El problema de hacinamiento en los reclusorios mexicanos se respalda con la más reciente Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPPL), donde 46 por ciento de las personas manifestaron que comparten su celda con cinco personas o más. Así, pensar en una política de distanciamiento social y sana distancia se hace imposible.
También se destacan las precarias condiciones de higiene en las que tienen que vivir las personas detenidas. Según la ENPPL, 30 por ciento no tienen acceso a agua potable en sus estancias y si bien 83 por ciento de los encuestados expresó que sí cuentan con servicios médicos, 30 por ciento afirmó que no se les proporcionan los medicamentos cuando los requieren.
Por lo anterior, se insta a las autoridades a seguir las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité de Derechos Humanos, entre otros, en cuanto a:
Garantizar condiciones de estancia dignas dentro de los centros de reclusión y de acuerdo a lo indicado por los estándares internacionales a los que México suscribe, así como brindar atención médica de calidad, digna y pronta a quienes presenten síntomas de Covid-19.
Aplicar la preliberación previa revisión minuciosa de expedientes, con el objetivo de bajar la saturación de las prisiones a 70 por ciento de su capacidad, a fin de evitar una situación desastrosa como lo podría ser la muerte masiva de personas encarceladas y personal penitenciario.
Con la intención de garantizar el derecho a la salud e integridad de las personas privadas de libertad, en México la preliberación puede aplicarse conforme al artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a aquellas PPL que hayan cometido delitos de contenido patrimonial sin violencia o delitos culposos que ameriten prisión preventiva oficiosa y, además:
• Tengan penas con un máximo de cinco años de prisión.
• Sean adultos mayores sentenciadas, portadores de una enfermedad crónicodegenerativa o terminal.
• Puedan recibir amnistía por parte del Estado.
• Cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción de las PPL.
Por todo lo anterior, se insta a las autoridades penitenciarias a garantizar y velar en todo momento el respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad y a las autoridades gubernamentales a poner los límites necesarios al desbordamiento del ejercicio del poder punitivo.
Por último, se invita a la comunidad académica y sociedad en su conjunto a la urgente reflexión en torno a las implicaciones bio- psicosociales de las consecuencias por el Covid-19, proponiendo acciones que posibiliten el tránsito a una cultura de cuidado ético y solidario.
Equipo de profesores del PAP “Incidencia en el Sistema Penitenciario”
Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (Cifovis)
Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, (CUDJ)