Jorge Barrientos

Por mayoría de votos, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado, aprobó reformas al artículo 190 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad de aumentar las penas a los propietarios o poseedores de unidades del transporte público y de depósito de vehículos que operen sin concesión o permiso.

Las reformas al Código Penal establecen que se impondrá de ocho meses a seis años de prisión y multa de cien a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización a quienes:

Presten el servicio público de transporte, servicio mercantil, servicio auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento, a sabiendas de que no cuente con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente.

A quien presente el servicio público de depósito de vehículos, a sabiendas de que no cuente con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente.

En este sentido, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho reiteró que, con las reformas al Código Penal, el Congreso está respondiendo a las y los ciudadanos sobre el problema de violencia y abusos en el transporte público pirata. La legisladora refirió que sólo aplicando sanciones se podrá acabar con la impunidad y corrupción, para que la gente que no quiera vivir en la legalidad sea castigada.

Durante su participación, el diputado Gabriel Biestro Medinilla señaló que la espiral de violencia que se vive actualmente en el transporte inició gracias a permisos y concesiones que se dieron en total impunidad, por lo que se debe acabar con esta práctica con la finalidad de proteger la seguridad de las personas.

El diputado refrendó el compromiso del Congreso del Estado para trabajar en acciones para proteger a la ciudadanía y reiteró que una parte de la estrategia es aumentar las penas y ser más estrictos contra la piratería.

Con relación a este tema, la diputada Rocío García Olmedo solicitó reformas de formato jurídico y de fondo para evitar que se retirara el concepto o término relacionado con el dolo, pues sólo se estaban limitando los castigos a propietarios o poseedores, sin tomar en cuenta a los usufructuarios.

En su intervención, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez mostró desacuerdo en aumentar las penas para quienes cometan este delito, ya que, consideró, el aumento de las sanciones corporales en los delitos no graves, no siempre son proporcionales a la baja en la incidencia delictiva.