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Importante que México cuente con un organismo especializado y técnico, para resolver colisiones entre los derechos de acceso a la información y de protección de datos, destacó la Comisionada Presidenta del INAI

Junto a expertos de diversos países, participó en la Conferencia Global, convocada por la UNESCO, en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información

La autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) brinda a la sociedad confianza de que actúa bajo los principios de independencia, responsabilidad y apego a la legalidad, y sin ningún tipo de intervención que pueda alterar sus resoluciones, afirmó la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, al participar en los trabajos de la Conferencia Global sobre el Acceso Universal a la Información 2022, en Taskent, Uzbekistán.

En el encuentro, convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, Ibarra Cadena destacó la importancia de que México cuente con un organismo autónomo, especializado y técnico, garante tanto del derecho de acceso a la información como del de protección de datos personales, para resolver aquellos casos en los que exista una colisión entre los dos derechos.

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“En la práctica, muchas solicitudes de información, ingresadas bajo las legislaciones de acceso a la información, se relacionan con información personal y, al tener la experiencia dual, se permite un mayor y mejor equilibrio entre los dos derechos”, sostuvo la también Presidenta de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC).

Durante su intervención en el panel “El futuro del acceso a la información: garantizar la complementariedad entre el derecho a la información y la protección de datos personales”, junto a especialistas de Vietnam y España, Ibarra Cadena señaló que un enfoque práctico, para resolver cualquier colisión o conflicto entre ambos derechos, es a través de una prueba de interés público.

“En México, existe un fundamento normativo tanto en el artículo 149 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como en el artículo 155 de la Ley Federal, donde se indica que el INAI debe de resolver recursos de revisión donde se presente una colisión de derechos, mediante esta prueba de interés público, aplicando los principios para determinar qué derecho debe prevalecer, que son idoneidad, necesidad y proporcionalidad”, explicó.

La Comisionada Presidenta subrayó que, en aquellos casos, donde el acceso a la información y la protección de datos personales entren en conflicto, el INAI y los órganos garantes deben formular un ejercicio responsable y cuidadoso de ponderación de derechos para lograr el equilibrio entre el bienestar social y la libertad individual.

Por su parte, “las instituciones públicas deben permitir el acceso a documentos gubernamentales, a partir del principio de máxima publicidad de la información y, al mismo tiempo, están obligadas a adoptar las medidas necesarias que aseguren que cualquier dato personal contenido en algún documento oficial sea debidamente resguardado”, recalcó.

Blanca Lilia Ibarra enfatizó la relevancia de abrir la información, considerando los estándares mínimos de privacidad y confidencialidad; en México, de manera exitosa, se han implementado la elaboración de versiones públicas de los documentos, para garantizar el acceso a la información y, a la vez, proteger los datos de carácter confidencial.

“Son grandes retos los que tenemos como instituciones encargadas de velar por ambos de derechos; implica un esfuerzo de repensar, de manera casi inmediata, las posiciones sobre las cuales debemos discernir, para lograr, por un lado, mayor apertura y, por otro, tutelar la protección de los datos personales”, concluyó.

En el panel participaron también, Linh Tong, del Instituto de Estudios de Políticas y Desarrollo de Medios, de Vietnam; Lucía Velasco, del Instituto de Universidades Europeas, de España, y Carlos Santiso, Director de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).