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GINEBRA, 09 July 2021 /PRNewswire Policy/ — Expertos de la ONU han instado hoy al Gobierno de Honduras a poner fin a la detención arbitraria y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad garífuna.

La comunidad garífuna cuenta con una población aproximada de 300.000 habitantes en Honduras y es un grupo étnico de herencia mixta africana e indígena. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la violación de derechos humanos de las comunidades garífunas y estableció una serie de reparaciones, que incluyen la obligación del Estado de titular, delimitar y demarcar los territorios tradicionales de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Honduras aún no ha cumplido con estas medidas.

Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, se pronunció tras la detención de las señoras Silvia Bonilla Flores, Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, defensoras del territorio y los derechos del pueblo garífuna y miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

El Ministerio Público presentó dos requerimientos fiscales en los que acusa a las defensoras de los delitos de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas. Según la información recibida, las investigaciones surgen a raíz del conflicto relacionado con la posesión, uso y propiedad de ciertos terrenos respecto de los cuales existen simultáneamente títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro.

Jennifer Mejía Solórzano fue detenida el 3 de marzo de este año y cuando Marianela Mejía Solórzano acudió a la estación de policía para informarse sobre la detención de su hermana, fue igualmente detenida. El pasado 7 de marzo, se dictó auto de formal procesamiento para las dos hermanas y se les impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Ambas podrían enfrentarse a 10 años de prisión si son condenadas.

El 16 de junio fue detenida la defensora Silvia Bonilla, a quien el pasado 2 de julio se le dictó sobreseimiento provisional sobre los cargos imputados en su contra. En el marco de estas acusaciones se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de personas defensoras de los pueblos garífunas.

“El momento de la detención de las hermanas es preocupante, ya que tuvo lugar un día antes de la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia de las comunidades garífunas emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015”, señaló Lawlor.

Ella y otros expertos de la ONU manifestaron al gobierno hondureño su preocupación por el hecho de que la detención de las hermanas se produce en un contexto de “violencia, ataques y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y las mujeres en Honduras“, cuestiones que los expertos han planteado previamente al gobierno.

“El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil y su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad”, dijo Lawlor. “Estas tres valientes defensoras están siendo perseguidas por el trabajo que realizan en defensa de esta comunidad y ahora enfrentan penas de larga duración de 10 años o más por el labor que realizan”.

Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas añadió que “a 5 años del asesinato de Berta Cáceres, las comunidades garífunas y las personas que se dedican a defender sus derechos siguen siendo objeto de violencia, ataques y persecución”.

Los Relatores instan a las autoridades a que ofrezcan una protección efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en especial las que continúan luchando por los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y del medio ambiente.

Los Relatores están en contacto con las autoridades hondureñas sobre este asunto.

El llamamiento de los expertos fue respaldado por: El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas: la Sra. Melissa Upreti (Presidenta), la Sra. Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), la Sra. Elizabeth Broderick, la Sra. Ivana Radačić y la Sra. Meskerem Geset Techane; y Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias: la Sra. Dubravka Simonovic.