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El Senado mexicano aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental regional vinculante y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudieron la medida al considerar que alentará a otros países a seguir la misma ruta y hacer realidad la protección del medio ambiente y sus activistas con la entrada en vigor del instrumento.

El Acuerdo de Escazú aborda el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en la región.
El instrumento entrará en vigor 90 días después de recibir once ratificaciones. México es el décimo país en ratificarlo.

Acuerdo sobre la participación social en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

“La ratificación del Acuerdo es de suma trascendencia para México, ya que establece disposiciones en materia de generación, divulgación y acceso a la información ambiental y aborda la generación de un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.

En una visita oficial a México en 2017, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos advirtió que los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se oponían a proyectos a gran escala enfrentaban actos de violencia que a menudo quedaban impunes.

El jefe en el país de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Guillermo Fernández–Maldonado, comentó en ese sentido que la ratificación del Acuerdo “es una expresión concreta del compromiso de México con la protección de los defensores de derechos humanos y del ambiente que, junto con los periodistas, afrontan altos niveles de violencia”.

Las oficinas de Naciones Unidas refrendaron su disposición de continuar brindando asesoría técnica y trabajando con las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos en México.