Opacidad y falta de resultados marcan primer informe de la CDH Puebla

Jorge Barrientos

La opacidad, la falta de resultados y la ausencia de rendición de cuentas marcaron la entrega del informe de actividades de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHPuebla), Rosa Isela Sánchez Soya, correspondiente a su primer año de gestión.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el 19 de diciembre, la titular de la CDH únicamente entregó un informe por escrito, sin que se abriera un espacio de diálogo o cuestionamientos por parte de las y los diputados, lo que generó críticas de legisladoras de oposición.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, cuestionó el desempeño de Sánchez Soya desde que asumió el cargo el 7 de noviembre de 2024, al considerar que el documento presentado carece de resultados concretos.

“No es un informe de actividades, fue un compendio de actividades”, señaló, al advertir que no se reflejan avances reales en la defensa de los derechos humanos en Puebla.

En el mismo sentido, la diputada del PAN, Luana Amador, lamentó que la presidenta de la CDH Puebla se negara al diálogo con el Poder Legislativo, y subrayó que el organismo solo ha emitido 46 resoluciones frente a más de 8 mil 500 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en la entidad.

El procedimiento se limitó a un acto protocolario, luego de que se decretara un receso durante la sesión para permitir el ingreso de Sánchez Soya al Pleno, donde entregó el documento al presidente del Congreso, Pável Gaspar Ramírez. Tras la toma de fotografías oficiales, la titular de la CDH se retiró escoltada por su equipo, evitando contacto con medios de comunicación.

Posteriormente, se informó que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado podría llamar a comparecer a la presidenta de la CDH Puebla ante el Poder Legislativo en enero de 2026, con el fin de evaluar su desempeño y los resultados del organismo.

Las críticas vertidas durante la sesión coincidieron en que la falta de transparencia, resultados y apertura institucional debilitan la confianza en la Comisión de Derechos Humanos y evidencian la necesidad de un mayor escrutinio legislativo sobre su actuación.