El Valle

Toluca, Méx.- Derivado de los señalamientos en las publicaciones de los medios Aristegui Noticias, El País y The Guardian, el Gobierno del Estado de México subraya que se ha conducido en todo momento con apego a las disposiciones legales aplicables y en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

A través de un comunicado, el gobierno mexiquense durante esta administración jamás se han realizado procesos de adquisición de los bienes, arrendamientos y prestación de servicios fuera del marco legal que rige estos procedimientos, señalando que las contrataciones realizadas por la administración estatal se encuentran apegadas a la ley, de acuerdo con el marco normativo vigente.

En el documento, precisa que las empresas que la administración estatal contrata cumplen con todos los requisitos que establece la legislación al respecto y agrega que en la adquisición de los bienes, arrendamientos y prestación de servicios, a través de procedimientos de Licitación Pública Nacional, pueden participar las personas físicas y morales de todo el país, que consideren contar con la capacidad de suministrar los bienes o servicios requeridos y cumplir con los requisitos establecidos en las bases.

Asegura que la Licitación Pública Nacional Consolidada la realiza la Secretaría de Finanzas, por lo que cada una de las dependencias y entidades que solicitaron los bienes o servicios, de manera individual, formaliza su propio contrato con el proveedor resultante del fallo correspondiente; siendo empresas que deben acreditar en términos de la legislación aplicable, entre otros, su capacidad jurídica y material para cumplir con sus obligaciones contractuales; contar con la capacidad técnica y financiera para poder dar cumplimiento al contrato adjudicado; estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social y, en todos los casos, se lleva a cabo verificación de las instalaciones de las empresas, de las cuales se cuenta con evidencia.

Agrega que esta información sobre los procedimientos adquisitivos fue puesta a disposición a la persona que acudió a la reunión del 26 de mayo.

Asimismo, en este documento el GEM lamentó y condenó el hecho delictivo del que fue víctima la periodista Teresa Montaño Delgado y manifestó que tuvo conocimiento de que la Fiscalía General de Justicia de esta entidad integró la carpeta de investigación correspondiente, misma que se encuentra en curso.

Reiteró la relación de colaboración y respeto al libre ejercicio del periodismo y a los derechos de todas las personas que desarrollan esta actividad.

Así mismo, reitera su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas y refrenda el respeto absoluto a la legalidad.

De esta manera, refirió que previo a la emisión de las publicaciones, los días 18 y 19 de mayo de 2023, el Gobierno del Estado de México recibió vía correo electrónico solicitudes de información de Nina Lakhani, de The Guardian, de Lilia Saúl Rodríguez de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y de Aida Delpuech y Brian Fitzpatrick, de Forbidden Stories. Los días 23 y 24 de mayo dichas solicitudes fueron atendidas de manera puntual, de igual forma, por correo electrónico; además, el Gobierno del Estado de México ofreció una reunión presencial, misma que se llevó a cabo el 26 de mayo, en la que estuvo presente Lilia Saúl Rodríguez de OCCRP y de manera remota, Nina Lakhani y Martin Hodgson, de The Guardian.

Tanto en las respuestas vía correo electrónico como en la reunión, se brindó una explicación detallada de los procesos de adquisición, arrendamientos y prestación de servicios que lleva a cabo el Gobierno del Estado de México, conforme a lo dispuesto por la legislación federal y estatal aplicables.

También se compartió información pública de nueve casos solicitados por los interesados, de algunos de ellos se hace referencia en las publicaciones, como Sevacom, Instituto C&A Intelligent S.C. y Zumby Servicios Profesionales y ofreció una mesa de trabajo para llevar a cabo una verificación puntual de la información disponible de los expedientes de los procesos adquisitivos en cuestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.