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En conferencia de prensa encabezada por la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Augusta Díaz de Rivera, la diputada federal, Ana Teresa Aranda, presentó la iniciativa “contra la fabricación de delitos, la persecución penal selectiva y la violación sistemática del debido proceso y la presunción de inocencia”, que reforma los Artículos 220 y 225 del Código Penal Federal.

Señaló que actualmente, en México se utiliza la justicia y los instrumentos legales al servicio de los intereses del grupo en el poder, cuando deberían ser puestos al servicio de la sociedad. La Presidencia de la República, con frecuencia, aplica la justicia penal de manera selectiva, vulnerando de manera sistemática el Principio de Presunción de Inocencia.

La propuesta de iniciativa presentada por la diputada Ana Teresa Aranda, plantea adicionar el Artículo 220 Bis: “…El servidor público que cometa un delito de desvío de poder, utilizando discrecionalmente alguna de sus atribuciones o facultades legales afectando ilícitamente de manera directa o indirecta los derechos de una persona, se le impongan de 2 a 6 años de prisión y de 30 a 100 días de multa…”

Asimismo, se busca adicionar dos fracciones al Artículo 225 del Código Penal Federal, dentro de los delitos cometidos por servidores públicos en contra de la administración de justicia. Por un lado, la fracción 38 que describe la conducta de ordenar o disponer la apertura de una carpeta de investigación sin que proceda denuncia, acusación, querella o señalar supuestos ilícitos, sin la existencia de un debido proceso, abusando del poder; y la fracción 39, que establece que acusar, señalar, nombrar o expresarse de manera que vulnere la presunción de inocencia de una persona sin que esta hubiese sido condenada por virtud de sentencia firme. En ambos casos, se le impondrá una pena de prisión de 3 a 8 años y de 30 a mil días de multa.

Acción Nacional señala enfáticamente que la utilización de las altas investiduras del servicio público, especialmente la del presidente de la República, para atacar ilícitamente a los ciudadanos deber ser combatida de manera rotunda, el país requiere urgentemente restaurar el Estado de Derecho.