Propone diputado Riestra Piña Reforma Constitucional para dotar de autonomía a los Centros Públicos de Investigación

Staff/Rossi

• Iniciativa busca adicionar un párrafo segundo al Artículo 3° Constitucional

• Se incluye la libre determinación para planes, programas y promoción de sus académicos

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 3 de la Constitución y con ello evitar que vuelva a suscitarse en alguna institución educativa una crisis similar por la que pasa el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“La Izquierda Mexicana hasta ahora siempre había respetado la autonomía universitaria, la Izquierda siempre se había puesto del lado de los movimientos estudiantiles, hasta que llegó Elena Álvarez Buylla al Conacyt y ella sí que reemplazó el mérito por el compadrazgo, por eso Lorenzo Meyer no solo le ha conseguido chamba a sus dos hijos en el actual Gobierno federal de Morena, sino ahora impone compadres en los centros públicos de investigación, como impuso al espurio José Antonio Romero Tellaeche, en el CIDE”, denunció.

El proyecto presentado por el legislador poblano contempla la adición de un segundo párrafo a la fracción V del Artículo 3 constitucional en el que se establece que los centros públicos de investigación gozarán de autonomía y tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismos.

Además, podrán realizar sus fines de educar, investigar y difundir las actividades de investigación científica y tecnológica, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas.

La iniciativa incluye también para estos centros la libre determinación de sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.

“Para que se fomente el pensamiento crítico en las instituciones de educación superior deben existir libertad de cátedra, libertad de investigación, libre opinión y expresión, instancias colegiadas para la toma de decisiones, entre otras características. Precisamente para garantizar estas condiciones, la historia nos muestra que no existe mejor garantía para las universidades públicas que otorgarles la autonomía”, señaló.

Sobre las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, Riestra Piña propuso que se rijan por el apartado A del artículo 123 de la Constitución.

Esto es, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que se refiere.

“No hay ciencia neoliberal ni ciencia socialista, tan solo hay ciencia o propaganda y en todos los centros públicos de investigación se hace ciencia, por lo que se requiere cuidarles. La autonomía universitaria forma parte de las condiciones necesarias para que efectivamente la ciencia esté al servicio de la patria”, sostuvo.

Al exponer los motivos para plantear esta reforma, el representante del distrito 12 en Puebla detalló los sucesos que detonaron la crisis que mantiene al CIDE en la incertidumbre.

Recordó que en sus 47 años, el CIDE ha formado a científicos sociales que han contribuido al análisis y reflexión de políticas públicas, económicas sociales tanto del país como del mundo.

Sin embargo, continuó, hoy enfrenta una problemática que se remonta al 2020, con la iniciativa de Morena para la extinción de 109 fideicomisos, de los cuales 99 corresponden al área de ciencia y tecnología.

Además, en octubre del 2020, el presidente de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron acerca de un recorte presupuestal para la investigación en México, a través del cual el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sufrió una reducción del 75% de su presupuesto bajo el argumento de austeridad republicana, lo que impactó a sus 26 Centros de Investigación incluido el CIDE.

La propuesta de ley, explicó el panista, surge a raíz de la necesidad de hacer respetar los procesos de decisión internos en las comunidades académicas, ya que las nuevas autoridades, cobijadas por el Conacyt, pretenden alinear las actividades, como en el CIDE, con las prioridades que establece el gobierno en turno y asegurar que los principios de la 4T se apliquen con todo rigor en los centros de educación superior por medio de lineamientos ideológicos y metodológicos en la investigación científica.

“Andrés Manuel López Obrador desconfía de las universidades en general y no manifiesta ninguna simpatía por la autonomía universitaria. Toda autonomía le es antipática”, aseguró.

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