EL UNIVERSAL

• Propone retrasar ejercicio debido a la falta de recursos; planteamiento estará vigente hasta que SCJN resuelva controversia en el tema

A propuesta del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, el Consejo General del organismo discutirá y votará hoy un proyecto de acuerdo en el cual se propone posponer de manera temporal las actividades de la revocación de mandato, por falta de recursos económicos.

La posposición se propone hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional que el INE promovió.

“O cuando la autoridad competente le genere a este instituto las suficiencias presupuestarias solicitadas para llevar a cabo dicha revocación de mandato conforme a lo previsto en la Constitución y las leyes aplicables”, se especifica en el proyecto.

Se citó al pleno del Consejo General a una segunda sesión extraordinaria, para discutir un único punto: Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, ante la insuficiencia presupuestaria derivada de la reducción aprobada en el anexo 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se determina posponer temporalmente la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022.

El acuerdo, del cual EL UNIVERSAL tiene copia, determina que se toma esta medida, de manera extraordinaria, luego del recorte de poco más de 4 mil millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó al instituto.

Según datos recabados en el INE, se dejará de hacer aquello que requiera presupuesto. Por ejemplo, contratar funcionarios de casilla o capacitadores electorales para instalar, eventualmente, 161 mil casillas en abril.

La propuesta es suspender todas las actividades para la organización del proceso, excepto la verificación de las firmas de apoyo ciudadano y la entrega del informe que contenga el resultado de la verificación, así como interrumpir los plazos.

“Se instruye (…) para que a partir de enero de 2022 y mientras esté vigente la posposición temporal de las actividades relativas a la organización de la revocación de mandato se generen todas las economías presupuestales posibles adicionales a la meta de ahorro establecida (…) sin afectar la operación ordinaria institucional, y que se destinen para financiar las actividades para la realización de ese ejercicio de democracia directa”, se especifica en el acuerdo.

Una vez que la SCJN resuelva, el Consejo General del INE levantará la posposición temporal de actividades y plazos, todo en los términos del fallo.

“Dicho levantamiento también operará siempre que se tengan las condiciones presupuestarias que así lo permitan”. De aprobarse el acuerdo, deberá presentarse a la Corte, además de que se prevé entre en vigor al momento de su aprobación, por lo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

San Lázaro determinó recortar 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto que solicitó el INE para su ejercicio fiscal 2022.

En un presupuesto de poco más de 24 mil millones de pesos solicitados, de los cuales 5 mil millones son para prerrogativas de partidos, el INE consideró 3 mil 830 millones 448 mil 91 pesos para realizar la revocación. En caso de que el ejercicio no se lleve a cabo, advirtió el instituto, el dinero se devuelve íntegro a la Tesorería de la Federación.

Sin embargo, el recurso no le fue otorgado.

Recientemente, la Comisión Temporal de Presupuesto del INE hizo los ajustes para destinar recursos al ejercicio, pero se tiene un déficit de 2 mil 554 millones de pesos.

Con todo y que se decidió detener la construcción de dos juntas locales (Querétaro y Colima), además de otros ahorros, se tienen apenas mil 275.9 millones de pesos para llevar a cabo este ejercicio ciudadano.

El INE promovió una controversia constitucional para que sea la SCJN la que determine si al instituto se le debe dotar del recurso necesario o autoriza que se realice el ejercicio con lo que se tiene.

Al respecto, Córdova advirtió, en la última sesión de Consejo General, que con recursos que se tienen obligan a esa autoridad a violar la ley, toda vez que no alcanza para la instalación de 161 mil casillas por todo el país. Y es que la legislación indica que la revocación de mandato se debe hacer igual que la última elección federal.

Un acuerdo de la SCJN determinó que el INE debe realizar la consulta de revocación ajustándose al presupuesto que le asignó el Congreso, pues de lo contrario puede caer en responsabilidad penal y administrativa.

El INE respondió que ese acuerdo no obliga a la autoridad electoral administrativa a acción alguna o toma de determinación. Actualmente, se lleva a cabo el ejercicio de recopilación de firmas, mismo que concluirá el 25 de diciembre.