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Una experta* independiente de la ONU ha instado al Gobierno de Perú a poner fin a la criminalización de los defensores de derechos humanos medioambientales y a garantizar que el poder judicial del país no se utilice como medio para silenciarlos.

La Corte Suprema de Perú confirmó recientemente la sentencia de diez años de prisión contra César Estrada Chuquilín, mientras otros defensores de derechos humanos como Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos y Jesús Mariano Cornejo Reynoso lo fueron a 12 años y cuatro meses y a siete años y cuatro meses, respectivamente, en primera instancia por el Primer Juzgado Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Estrada, periodista y defensor de derechos humanos, ha denunciado los desalojos forzados, el hostigamiento a la población y los daños medioambientales causados por una mina de oro y cobre a cielo abierto, conocida como “Conga”, propiedad de Yanacocha S.R.L. Fue condenado por presunta extorsión a un contratista de Yanacocha S.R.L, y su recurso fue rechazado.

Gallegos y Reynoso fueron sentenciados por “entorpecimiento de los servicios públicos” y “motín” en el marco de las protestas contra el proyecto minero “Tía María” de la Southern Peru Copper Corporation, en el distrito de Cocachacra, en Arequipa.

“Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín -que conllevan penas de más de 10 años de prisión- sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas”, ha declarado Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Un grave riesgo

La situación de Estrada ya había sido señalada con preocupación por el anterior relator especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, Michel Forst, durante su visita a Perú en 2020, en la que destacó el grave riesgo que corren quienes trabajan en la protección de la tierra, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas.

Lawlor dijo que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para proteger a los defensores de derechos humanos, las amenazas, los ataques y la criminalización continúan en los distritos de Cajamarca y Cocachacra.

“Perú debe redoblar sus esfuerzos y cumplir con las recomendaciones emitidas para la protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente”, dijo Lawlor.

“Las personas defensoras no deben enfrentarse a condenas de larga duración por ejercer su derecho a defender los derechos y el medio ambiente”.

La experta está en contacto con las autoridades peruanas sobre el asunto.

El llamamiento de la experta fue respaldado por otros expertos como Clément Nyaletsossi Voule, relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, sus miembros actuales son: Dante Pesce (Presidente), Surya Deva (Vicepresidente), la Elżbieta Karska, Githu Muigai, y Anita Ramasastry.