Hipólito Contreras

El decreto del 31 de diciembre del año pasado para eliminar el uso de glifosato en 2023, el herbicida más barato y eficaz en el mercado y utilizado en más de 120 países, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, tendrá efectos desastrosos para el campo mexicano, afirmó el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda.

Explicó que la eliminación del glifosato producirá un aumento en los costos de producción hasta en un 300 por ciento por hectárea y se reduciría la producción de alimentos de un 20 a un 40 por ciento, afectando especialmente a los pequeños productores de los estados más pobres del país. Esta situación obligará a aumentar la importación de alimentos, alejándonos más del objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria, que el propio decreto busca lograr y aumentará la pobreza en el campo, pues los pequeños productores, al producir menos, tendrán menores ingresos para subsistir.

Precisó que en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 realizada por el INEGI, el principal problema que reportan los trabajadores del campo son los altos costos de insumos y servicios: “La prohibición del glifosato podría incrementar hasta en 25 veces los costos en el control de maleza. Deshierbar una hectárea con glifosato costaba típicamente alrededor de 160 pesos y hacerlo de forma manual costaría alrededor de 4 mil pesos para la misma extensión de terreno”.

Indicó que la justificación que se argumenta en el decreto para prohibir al glifosato carece por completo de fundamento científico, pues dan por sentado que “distintas investigaciones científicas”, que nunca precisan cuáles son, refieren que el glifosato es nocivo a la salud y al medio ambiente, “hay más que suficiente información científica que respalda la política de países como Estados Unidos y Brasil que concluyen que no hay evidencia científica que compruebe que el glifosato es una sustancia que cause cáncer”.

La decisión de prohibir el glifosato,señaló, tampoco tomó en cuenta la experiencia de países como Brasil y Francia que intentaron prohibir el uso de glifosato, pero ante las consecuencias sociales y económicas de la medida tuvieron que echar marcha atrás.

Afirmó que es necesario que la política pública del país responda a las necesidades reales del país, no a las necesidades ideológicas de funcionarios que simplemente no entienden o no les parecen relevantes las decisiones que toman en materia agropecuaria, hizo un llamado a reconsiderar la decisión de un decreto que tendrá consecuencias muy negativas para el campo y para la economía del país.