Sebastian Alatorre

Becario del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

· Existe dificultad para acceder a la información relacionada con la inhumación clandestina

· También hay grandes retos respecto a la investigación de esta práctica y los delitos y violaciones a derechos humanos asociadas a ella

El fenómeno de la desaparición y la desaparición forzada de personas se ha convertido –lamentablemente– en un hecho generalizado en el país, de acuerdo con el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. México se encuentra en un contexto de desapariciones generalizadas el cual ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas (Comité contra la Desaparición Forzada, 2015). La desaparición de una persona, que involucra no sólo a la víctima directa, sino también a sus familiares en búsqueda, genera obligaciones específicas para las autoridades.

Vinculado con el fenómeno de la desaparición, el hallazgo de fosas clandestinas “se ha convertido en un hecho recurrente y extendido en la mayoría de las entidades del país”, tal como se concluyó en el informe Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017, publicado el mes pasado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (PDH Ibero), Artículo 19 y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (González Núñez, et al. 2019, p. 21). Con el objetivo de seguir actualizando la información sobre fosas clandestinas que reportan las fiscalías estatales, el PDH IBERO se dio a la tarea –entre enero y febrero del presente año– de generar nuevas solicitudes de información para obtener más datos sobre el fenómeno.

Por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, el PDH Ibero envió una solicitud de información a cada fiscalía o procuraduría estatal del país. Además de solicitar los datos relacionados con el total de fosas, cuerpos y restos exhumados, en estas nuevas solicitudes decidimos agregar una nueva pregunta solicitando información sobre: 1) el número de carpetas de investigación iniciadas a partir de cada uno de los hallazgos; 2) el número de personas acusadas en cada una de ellas; y 3) el número de personas sentenciadas y la información sobre los delitos por las que se les sentenció. La información anterior fue solicitada para el periodo 2007 a 2018.

Cada entidad federativa contestó con menor o mayor grado de detalle lo requerido en la solicitud de información. Cabe mencionar que, aunque fueron pocos, los estados que sí brindaron datos concretos relacionados con esta nueva pregunta fueron: Baja California, Campeche, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Zacatecas. Dichos estados brindaron la siguiente información:

Baja California reportó 3 carpetas de investigación iniciadas por tres fosas entre 2017 y 2018. Los tres siguen bajo investigación.
Campeche reportó 3 carpetas iniciadas con tres personas sentenciadas, una por homicidio calificado con una pena de 43 años y 3 meses de prisión; el segundo a 43 años, 7 meses y 14 días de prisión más multa y pago de reparación del daño por homicidio calificado, robo de vehículo y delitos contra las normas de inhumación y exhumación de cadáveres y restos humanos; el tercero sentenciado a 170 años de prisión más multa y pago de reparación por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y la privación de la vida de una persona. Asimismo, reportó dos personas en proceso en etapa de desahogo de pruebas.

Chihuahua reportó 68 carpetas de investigación iniciadas con 33 personas sentenciadas por delitos de homicidio o privación ilegal de la libertad, sin especificar los años en que sucedieron los hechos.

El Estado de México reportó 1 carpeta iniciada con 5 personas sentenciadas en el 2011; sin embargo, no especificó los delitos por los cuales fueron sentenciadas.

Jalisco especificó 37 carpetas de investigación entre 2007 – 2018, con un total de 14 personas sentenciadas sin especificar el delito atribuido.

Michoacán registró un total de 28 carpetas de investigación iniciadas entre el 2010 y 2018; no obstante, no incluyó el número de personas sentenciadas.

Veracruz registró un total de 97 carpetas de investigación entre los años solicitados, incluidas personas detenidas por el delito de desaparición forzada. De este conjunto de carpetas, 3 personas han sido sentenciadas por secuestro y 1 por homicidio.

Zacatecas reportó 144 carpetas de investigación iniciadas a partir del 2010 hasta 2018 con un total de 20 personas acusadas de diversos delitos, como, homicidio, feminicidio, secuestro y privación ilegal de la libertad. No se especificó cuántos han sido sentenciados.

Esto significa que en un país donde más de 1 mil 600 fosas clandestinas han sido registradas, de acuerdo con datos oficiales (González Núñez, et al. 2019, p. 21), entre 2007 y 2018 sólo se han iniciado 381 carpetas de investigación y sólo 59 personas han sido sancionadas en relación con estos hechos.

De los 25 estados restantes que no proporcionaron información sobre esta nueva pregunta, podemos concluir lo siguiente:

Algunos estados reportaron no tener registros de hallazgos de fosas clandestinas en su entidad (a pesar de que la prensa o colectivos de familiares en búsqueda sí han reportado hallazgos) y, por ende, no haber iniciado carpetas de investigación. Fue el caso de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.

Algunos estados declararon la información como reservada con base en la legislación local en materia de transparencia o la legislación penal. Estos fueron: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Quintana Roo.

Algunos estados a los cuales se les mandó la solicitud de información hace meses simplemente ignoraron la petición y dejaron que el tiempo transcurriera hasta que la Plataforma Nacional de Transparencia diera por terminado el plazo de vigencia para que la fiscalía de dicho estado pudiera contestar. Las fiscalías de los estados que hicieron caso omiso a la solicitud de información en el plazo de tiempo asignado fueron Colima, Morelos, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala.

A la luz de los puntos anteriores, podemos llegar a dos conclusiones. La primera confirma, una vez más, la dificultad que existe para acceder a la información relacionada con una temática que, desde nuestra perspectiva, está vinculada con graves violaciones a los derechos humanos. La segunda es que no sólo tenemos retos respecto a la búsqueda e identificación de las personas cuya dignidad e identidad han sido negadas a través de la inhumación clandestina, sino que también hay grandes retos respecto a la investigación de esta práctica y los delitos y violaciones a derechos humanos asociadas a ella, así como la determinación de las responsabilidades de los perpetradores de estos hechos, incluyendo –si hubiera- responsabilidades estatales.