Hipólito Contreras
Nos manifestamos contra el programa de desarrollo urbano de San Andrés Cholula que se aprobó el 4 de octubre en la administración de Leoncio Paisano y que se votó en el congreso del estado, lo que pedimos es la participación directa de la población que hoy es afectada por la planeación de vialidades, afirmó Francisco Rafael Osorio, integrante de la asociación Todos por Tlaxcalancingo.
Denunció que son afectados por este programa agresivo que beneficia directamente a los grandes capitales, básicamente en una vialidad, un bulevar de 40 metros de ancho que parte de la carretera federal a Atlixco hasta la vía Atlixcayotl, beneficiando directamente a Lomas de Angelópolis.
Lo que pedimos, dijo, es que se haga un plan de desarrollo urbano amigable y bajo voluntad de quienes resultamos afectados y quienes buscamos que seamos directamente beneficiados.
Expuso que esta vialidad que se está programando causaría derrumbes de casas habitación, expropiaciones, daña el desarrollo de la población, estamos de acuerdo con el desarrollo urbano, pero no que se haga beneficiando a personas que o habitan la población.
Informó que el pasado 30 de mayo tuvieron una reunión con la presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, acordamos la realización de foros para hacer el análisis de este programa, lo que no se ha llevado a efecto porque no hemos sido convocados, en cambio, la presidenta está formando comités a modo y manifestando que sigue vigente este programa cuando dijo que no se iba a realizar.
La vida natural de San Andrés Cholula y Tlaxcalancingo demanda, señaló, el aumento de vialidades y la mejora de la imagen urbana, sin embargo, estas afectaciones que están causando son beneficiados otros personajes, no la población.
Expuso que la parte de las construcciones que se proponen realizar con los desarrollo inmobiliarios, esto provocaría demoliciones de casas habitación, se afectaría a más de mil habitantes.
Explicó que de acuerdo a la Ley de ordenamiento territorial considera la realización de consultas ciudadanas como lo hace el presidente de la república ante programas agresivos y que atentan contra la dignidad de los pueblos originarios, eso fue lo que le solicitamos a la presidenta municipal.
Solicitamos un cabildo abierto en donde se inicie el proceso del análisis de este programa, no como se hace en este momento, de manera clandestina y sin convocar a los afectados, agregó.
Indicó que el artículo 60 y 61 de la Ley de ordenamiento territorial establece los mecanismos para poder hacer modificaciones, “proponemos un análisis amigable y al desarrollo natural de los pueblos originarios.
Expuso que hay un falsa actitud de la presidenta municipal por la licencia de usos de suelo que ha otorgado, sigue pactando con la UDLA explicando que es benéfico este programa, ningún regidor nos ha invitado a dialogar”.
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