EL VALLE

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus municipios, es más humana y cercana a la gente, ya que apuesta a una justicia cívica humanista enfocada a la prevención, educación y reintegración de los ciudadanos, para evitar medidas coercitivas.

Al poner en marcha esta nueva Ley, la mandataria estatal refirió que se plasma una visión colectiva e inclusiva en la promulgación de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y de sus municipios, la cual es el reflejo de lo que mueve al gobierno estatal, el poder de servir con justicia y con honestidad.

La mandataria estatal refirió que en el camino hacia la construcción de un EdoMéx más justo e inclusivo, promulgarán leyes y políticas que reflejen el humanismo y los valores que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto como ejemplo, asegurando que cada voz sea escuchada y cada necesidad atendida, apoyando a las personas sin importar su origen, condición o circunstancia y que tenga las mismas oportunidades de prosperar y de crecer.

Indicó que esta Ley de Justicia Cívica se aleja de las prácticas tradicionales que permitían la corrupción y los abusos, y adopta un enfoque más humano y cercano a la gente, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a los municipios tanto rurales como urbanos, ciudades desarrolladas y comunidades indígenas, así como a los jóvenes, adultos, hombres y mujeres, para lograr que el marco jurídico del estado contribuya a atender los conflictos derivados de la convivencia cotidiana.

Informó que, de acuerdo al censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de 2020, se reportaron en el EdoMéx 193 mil 499 puestas a disposición por parte de instituciones policiales; por quejas de las faltas cívicas registradas más de 100 mil fueron sancionadas con arresto, 50 mil con multa y 29 mil con amonestación; pero solo 655 se resolvieron mediante acuerdos de mediación o conciliación, cifras que demuestran la necesidad de una reforma en la forma de administrar la justicia restaurativa y la mediación.

Es así que, la nueva Ley busca cambiar dichas cifras entendiendo ahora la justicia cívica como una palanca para el desarrollo y una herramienta para construir una sociedad más pareja y con una sana convivencia.

De igual manera, indicó que, de acuerdo con el Censo Nacional, para el 2020 cien municipios mexiquenses contaban con menos de 10 personas que operaban las Oficialías Calificadoras, incluyendo a los oficiales, secretarios, personal de apoyo y de instituciones policiales; de estos 100 municipios, 20 reportaron contar con un oficial calificador, lo que también refleja la necesidad y esfuerzo desde la esfera municipal para fortalecer las medidas y acciones de justicia cívica en la entidad. Por lo que esta Ley representa a los Juzgados Cívicos como centros de justicia accesibles y cercanos a la ciudadanía en todos los municipios, eliminando las oficialías mediadoras, conciliadoras y calificadoras de los ayuntamientos.

La gobernadora resaltó primordial contar con los recursos necesarios para atender de forma inmediata y eficiente a la población, ya que se trata de una transformación profunda que implementa espacios de sala de audiencias, sección de recuperación de personas en estado de ebriedad o intoxicación, sección de personas adolescentes, sección médica y áreas de evaluación psicológica, área de aseguramiento , así como el trabajo a favor de la comunidad como componente terapéutico o reeducativo, brindando la oportunidad de restituir el daño social causado por infracciones administrativas. Además, se contempla la posibilidad de procedimientos de mediación y conciliación para agilizar la justicia primaria y al ser corresponsables a las personas excluyendo los conflictos que implican violencia de género.

Con este cambio, los ciudadanos contarán con un juez cívico, un secretario cívico, una persona facilitadora, médico, psicólogo y policías de custodia; la designación de jueces cívicos será mediante convocatoria abierta y pública nombrados por sus cabildos. Se implementarán programas de capacitación donde los alcaldes contarán con el respaldo del gobierno.

Resaltó que esta Ley se aplicará con firmeza ya que trasladará artículos del derecho penal al derecho administrativo sancionador, fortaleciendo el cumplimiento de normas y contribuyendo al adelgazamiento del código penal.

Estas acciones generarán ahorros de recursos tanto para la estructura gubernamental como para la población al reducir los tiempos para acceder a una justicia inmediata mediante mecanismos alternativos de solución de controversia, además, procurará que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad permitiendo al infractor reconocer el daño social causado y destituirlo, también facilitará la atención e identificación de la población en riesgo y se monitoreará la presidencia.

Felicitó la iniciativa presentada por la diputada Azucena Cisneros y por la diputada Carla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera, así como la activa participación del Poder Judicial de la entidad que encabeza el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, que permitió la conjunción de las posturas para llevar a buen puerto un proyecto aprobado por unanimidad de votos en el Congreso local.

Por su parte, Azucena Cisneros Coss, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Estado de México, manifestó que esta Ley garantizará una justicia más efectiva y eficiente para todos, además representa la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, principalmente para quienes carecen de las condiciones para solicitar y obtener una solución expedita y adecuada a sus problemas.

La Legisladora explicó que, al homologar la calificación y sanción de las infracciones administrativas, se pone fin a la discrecionalidad con la que se imponen e infraccionan conductas de manera arbitraria e injustificada, violando los derechos de la ciudadanía e incluso los usos y costumbres de los pueblos indígenas, lo que implica reformar bandos municipales.

Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, reconoció la importancia de la promulgación de esta ley que representa la suma del esfuerzo y compromiso por parte de los diferentes Poderes del Estado, y la cual, permitirá dotar a los mexiquenses de una justicia cercana, pronta, transparente y efectiva.

El Magistrado explicó que, desde el Poder Judicial de la entidad, se llevó a cabo un proceso de certificación de mediadores municipales, en el participaron autoridades de las 125 demarcaciones, y quienes serán la base y sustento para esta nueva impartición de justicia restaurativa y cercana a la gente.

En este evento estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Elías Rescala Jiménez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia estatal; Gerardo Becker Ania, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad; Myrna Araceli García Morón, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

También integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado de México, Diputados locales; así como Presidentes Municipales, entre otros.