Por Manuel CARMONA
Estos días que corren en la política poblana parece haberse consolidado una práctica que, por repetida, corre el riesgo de normalizarse: el uso del cargo público como trampolín electoral. No es un fenómeno nuevo, pero eso sí, cada vez más abierto y descarado.
Ahí está el caso de medio gabinete poblano. Se omiten nombres en este espacio por dos razones:
a).- Para no herir susceptibilidades y
b) Para evitar que se diga que existe la intención de golpeteo o que hay mano negra.
Solo basta tener un par de ojos para advertir que hay una lista interminable de funcionarios estatales que, en teoría, tienen responsabilidades concretas dentro de la administración pública, pero que en la práctica han convertido sus agendas en una suerte de gira permanente de posicionamiento político. Lo preocupante no es solo la ambición —legítima en cualquier actor político—, sino el método: hacerlo desde el poder y con recursos que no les pertenecen.
Porque cada día que un funcionario dedica a promover su imagen personal, es un día que le cuesta al contribuyente. Cada evento disfrazado de “actividad institucional” pero cargado de mensajes personales, cada ausencia justificada con eufemismos burocráticos, representa un servicio público que no se brinda, una necesidad que no se atiende, una responsabilidad que se elude.
El deterioro no es abstracto. Se refleja en carreteras sin mantenimiento, programas gubernamentales sin seguimiento y políticas públicas que avanzan más lento que los discursos que las presumen. Gobernar a medias tiene consecuencias completas.
Lo más inquietante es que esto no parece producto del descuido, sino de una decisión deliberada. Se privilegia la campaña anticipada sobre la función pública, el cálculo electoral sobre el deber administrativo. Y en ese intercambio, quien siempre pierde es la ciudadanía.
La ley es clara en cuanto a los tiempos y las condiciones de la competencia política. Ignorarla no es una travesura, es una falta que debería tener consecuencias. Si las autoridades electorales optan por la indiferencia, estarán enviando un mensaje peligroso: que el abuso del poder no solo es tolerado, sino hasta rentable.
En democracia, el servicio público no debería ser un escalón, sino un compromiso. Todo lo demás es simulación… y la simulación, como ya sabemos, también tarde o temprano se paga. Y muy caro.
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