EE.UU. solicita arresto de Rocha Moya bajo investigación federal

EL VALLE

Ciudad de México.– El Gobierno de Estados Unidos formalizó una solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el marco de una investigación federal en curso por presuntos vínculos con el narcotráfico, sin que hasta ahora se hayan hecho públicas pruebas concluyentes.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la petición forma parte de un expediente que incluye a al menos diez personas —entre funcionarios y exfuncionarios estatales— a quienes se les atribuye, de manera preliminar, haber participado en una supuesta red de protección institucional al Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses sostienen que dicha red habría facilitado el tráfico de drogas hacia su territorio —incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas— a cambio de sobornos y beneficios políticos. Sin embargo, los señalamientos se encuentran dentro de una fase de investigación judicial y no han derivado, hasta el momento, en procesos penales ejecutados en México.

En el caso de Rocha Moya, la acusación lo menciona como presunto participante en esta estructura, aunque la información difundida hasta ahora no detalla evidencia específica en su contra. La solicitud estadounidense abre la puerta a un posible proceso de extradición, el cual deberá ser evaluado conforme a la legislación mexicana.

La Fiscalía General de la República confirmó que revisa el requerimiento, pero advirtió que no contiene elementos probatorios contundentes y señaló inconsistencias en la forma en que la información fue difundida por autoridades estadounidenses, fuera de los canales protocolarios habituales de cooperación.

Por su parte, Rocha Moya rechazó categóricamente las acusaciones y las calificó como infundadas y con motivaciones políticas, al tiempo que negó cualquier vínculo con el crimen organizado.

Hasta ahora, el Gobierno de México no ha ejecutado órdenes de detención relacionadas con este caso.

La solicitud estadounidense se mantiene como un acto jurídico unilateral dentro de su sistema de justicia, cuya viabilidad dependerá del análisis de las autoridades mexicanas.

El caso ha comenzado a generar tensión diplomática, al tratarse de un gobernador en funciones señalado por autoridades extranjeras, en un contexto donde aún no existen imputaciones formales validadas en territorio nacional.