MILENIO
Con dispensa de trámites, como asunto de urgente y obvia resolución, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Aduanera, con la modificación enviada por el Senado de la República para aplazar la entrada en vigor de las nuevas disposiciones hasta el 1 de enero de 2026.
Avalado con 343 votos a favor y 123 votos en contra, el proyecto para fortalecer el combate a la corrupción y al contrabando en las aduanas fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Al fijar la posición del grupo parlamentario de Morena, el diputado Fernando Castro Trenti sostuvo que las reformas permitirán detonar la recaudación y tener aduanas a la altura de las mejores del mundo.
“Va a haber más orden, se va a barrer la corrupción de arriba para abajo, van a ser corresponsables los que reciben una patente para que, en nombre del Estado, certifiquen lo que sale y lo que entra, y ya no recibiremos pares impares de zapatos que hacen posible que alteren el ingreso fiscal para que unos cuantos se hayan enriquecido y México esté padeciendo”, puntualizó.
No obstante, a nombre de la bancada del PAN, la legisladora Teresa Gimez advirtió que constituyen un retroceso que golpea la economía nacional y protege el negocio del ‘huachicol fiscal’.
“Hoy las aduanas son la coladera por la que el crimen organizado introduce lo que se necesita y esto ante la falta de control y la voluntad política del gobierno federal. No olvidemos que el sexenio anterior, el de los abrazos y no balazos, acumuló muchos errores, pero uno de los más graves fue entregar el control de las aduanas a la Marina y al Ejército, pues lejos de resolver el problema, solo contagió a nuestras fuerzas armadas con el mismo problema de la corrupción”, dijo.
En representación del PRI, el diputado Emilio Lara cuestionó el diferimiento de las reformas avalado por el Senado de la República y dijo que, así sea el inicio de la vigencia mañana, el próximo mes o el primero de enero, esto representa un retroceso en materia aduanera.
“Este transitorio, lejos de proteger, sirve para considerar un marco normativo desigual, sin que las empresas y agentes aduanales puedan evadir el golpe, se imponen sanciones confiscatorias sin diferenciar entre errores menores y fraudes fiscales, castigando con la misma severidad a contribuyentes que cometen alguna falta formal que a los verdaderos defraudadores”, acusó.
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