EL VALLE

Naucalpan, Méx.- Una controversial decisión judicial ha desencadenado una serie de eventos en el Estado de México, después de que se diera a conocer el caso de la absolución de presunto abusador sexual contra una menor de edad, por parte del juez Juan Manuel Alejandro Vitela, quien decidió desestimar los cargos contra Alejandro ‘N’, alegando insuficiencia de pruebas.

Durante el juicio, el juez explicó que la falta de un dato crucial por parte de la pequeña agraviada de tan solo cuatro años de edad, fue determinante para la absolución. Esta situación ha generado un amplio rechazo, especialmente por parte de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que calificó el fallo como contrario a los intereses superiores de la niñez y como un acto de revictimización.

Como respuesta a esta decisión, se llevó a cabo una manifestación en el Periférico Norte, en Naucalpan, con la participación de colectivos feministas y la sociedad civil que tomaron los carriles centrales y laterales de la vía, exigiendo la presencia de autoridades judiciales y de justicia del Estado de México.

Dado el contexto, de la liberación del presunto abusador sexual, ocurrida el 15 de febrero de 2024, basada en la incapacidad de la menor para proporcionar detalles específicos sobre el incidente, Victoria Figueiras, madre de la víctima, expresó su falta de confianza en las autoridades, denunciando irregularidades en el proceso judicial.

“Todo el proceso desde el trabajo de la integración de la carpeta de investigación era una porquería, yo pedí cambio de fiscalía, porque tenía a la fiscalía de género y fue justamente los que me pidieron un brazalete para este sujeto y yo lo denuncié, como voy a confiar en las autoridades y luego con este fallo del juez. Yo enfrenté al juez y le dije si usted como juez no protege a mi hija, ¿quién lo hará? Por supuesto que no confío en las autoridades, no confío en el sistema”, destacó Figueiras.

Además, reiteró su compromiso de buscar justicia para su hija de cualquier manera, destacando la importancia de seguir todos los caminos y procesos disponibles para obtener una resolución adecuada.

Este caso ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema judicial y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas de abuso sexual infantil.