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Advierte que los ataques al personal del Poder Judicial federal ‘parecen haber creado un ambiente hostil’ que va contra la separación de poderes y la independencia judicial.

La Barra de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés) llamó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a respetar el Estado de derecho y la independencia judicial en el país.

En una carta dirigida al mandatario, la presidenta de la ABA, Deborah Enix-Ross, expresa: “La ABA insta respetuosamente a su Administración a continuar con la tradición democrática de México y el apego a su Constitución federal, las leyes internas, los tratados, las normas y compromisos internacionales”.

Señala que “continuar con esa orgullosa tradición y proteger el Estado de derecho en México depende del respeto a la independencia y legitimidad del poder judicial”.

El organismo fundado en 1878 manifestó que ha observado “con gran preocupación los frecuentes comentarios de funcionarios gubernamentales contra miembros del poder judicial federal que se han pronunciado en contra” del gobierno federal en procesos judiciales.

“Los comentarios en conferencias de prensa y a través de las redes sociales dirigidos públicamente contra miembros individuales del Poder Judicial federal parecen haber creado un ambiente hostil que va en contra de los principios bien establecidos de la separación de poderes y la independencia judicial”, menciona.

La ABA recuerda que la protección de la independencia judicial está consagrada en la Constitución mexicana y en múltiples tratados internacionales de los que México forma parte, incluido el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Reconoce que el mandatario ha buscado reformas legales y seguido proyectos gubernamentales “encaminados a transformar la vida pública en México”. Sin embargo, le advierte que “como en cualquier régimen democrático, el proceso de transformación no debe realizarse a expensas del Estado de derecho”

“El Estado de derecho se basa en la revisión judicial independiente de la acción ejecutiva, según lo dispuesto por la Constitución mexicana y el sistema legal mexicano, y en el cumplimiento de los tratados de los que México es parte y, por lo tanto, está legalmente obligado”.

“La ABA no es la única que expresa esta preocupación. Colegios de abogados, instituciones académicas y organizaciones legales en México, Estados Unidos y más allá han emitido declaraciones públicas instando a su Administración a respetar el Estado de derecho”, apunta.

“Sin embargo, los informes públicos sugieren que las acciones de su Administración se han intensificado, incluso más recientemente con ataques personales a personas que prestan servicios en el Poder Judicial federal. Socavar la independencia del Poder Judicial amenaza el Estado de derecho y las instituciones que son sistémicamente fundamentales para la sociedad mexicana”, enfatiza.

La agrupación dice a López Obrador que un Poder Judicial independiente tiene un “papel clave” que desempeñar en las reformas en curso en México para fortalecer el Estado de derecho.

“La ABA lo insta nuevamente a garantizar que su Administración respete el Estado de derecho e instruya a todos los funcionarios gubernamentales a adherirse a la Constitución mexicana, las leyes federales nacionales y los compromisos internacionales de México”, finaliza la carta, fechada el pasado martes 25 de julio.

El 20 de julio, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, alertó que tanto en México como en todo el mundo “surgen movimientos” que intentan mermar o diluir la independencia del Poder Judicial.

En el acto celebrado en el marco de la edición número 28 del Congreso Mundial de Derecho, en Nueva York, Estados Unidos, Norma Piña apuntó que con esta pretensión vulnerarían uno de los “pilares más básicos de nuestras democracias y los derechos humanos“.

“Frente a este panorama sería un grave error de quienes integramos los poderes judiciales y de la comunidad jurídica en general asumir que la independencia judicial está dada y protegida; asumir que basta con su mención en los textos constitucionales para que esto sea una realidad”.

Por otra parte, también señaló que “la idea de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar la voluntad de los gobernantes bajo las reglas únicamente de las mayorías” pone en riesgo lo ganado por la humanidad en materia judicial.