El Valle

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia mexiquense, dio conocer que presuntamente fueron integrantes de la  administración y de vigilancia quienes planearon las agresiones que realizaron en la Central de Abasto de Toluca, el pasado 10 de julio, donde fallecieron 9 personas.

Quienes ya se encuentran detenidos, identificados como Pascual “N”, Bryan Alejandro “N” y Jhoan Daniel “N”, desempeñan cargos en el Consejo de Administración de la Central de Abasto como presidente, tesorero y asesor, respectivamente, David Jehuel “N, responsable del Jurídico y Mateo “N”, encargado de seguridad en la misma Central, presuntamente fueron quien planearon dicha agresión.

Presuntamente estos cinco sujetos, bajo distintas formas de intervención se reunieron en la Central de Abasto para planear, organizar y ordenar la agresión consistente en irrumpir en el lugar, hacer detonaciones con armas cortas y quemar los espacios en los que se encontraban los comerciantes minoristas, conocidos como “Isla”, con la finalidad de que los desocuparan.

En la investigación y declaraciones recabadas, se cuenta con indicios que establecen que los investigados habrían amenazado en diversas ocasiones a las víctimas para que desocuparan el área donde laboraban, para tal fin iniciaron acciones legales en su contra, sin embargo, los comerciantes minoristas contaban con una suspensión provisional a su favor derivado de un juicio de amparo.

Por lo anterior, la administración recurrió a amenazas abiertas y directas, llegando a simular un cateo en su contra para supuestamente localizar drogas en los locales que posteriormente incendiaron y a realizar actos de extorsión a través del responsable del Jurídico, quien incluso les advirtió y dio ultimátum que de no irse “los sacaría a como diera lugar”.

Asimismo, se tiene conocimiento que el día de la agresión Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad privada en la referida Central de Abasto, fueron instruidos para no acudir al lugar de los hechos.

También, que el servicio de energía eléctrica de las instalaciones fue deliberadamente suspendido previo al evento, inhabilitando algunas videocámaras. Se permitió el libre acceso de los agresores y más grave aún, se facilitó su escape a través de las salidas que el propio personal de seguridad privada controla de manera permanente.

Y que el personal de seguridad privada no permitió el acceso a las autoridades para atender la emergencia, obstaculizando así el debido auxilio a las víctimas, no obstante que era obligación de la propia seguridad privada realizar el llamado de emergencia mediante el sistema al que se encuentran conectados, lo que nunca sucedió oportunamente.

Respecto a los autores materiales, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión en contra de un individuo adicional que se encuentra plenamente identificado y continúa realizando actos de investigación para establecer la identidad de los restantes, ya que este realizó actos de vigilancia en días previos,  y se reunió con el grupo de personas que planearon y ordenaron la agresión.