Staff/RG

Los programas, centros e institutos de derechos humanos del Sistema Universitario Jesuita reprueban los actos de espionaje de las autoridades, particularmente de las fuerzas armadas, a través del malware Pegasus, y reiteramos nuestra solidaridad.

El 18 de abril de 2023, el New York Times publicó un artículo evidenciando a México como el mayor usuario de Pegasus, el programa de espionaje más conocido a nivel global por su potencia e intrusión, así como por su uso ilegal por parte de gobiernos alrededor del mundo con el fin de espiar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y disidentes políticos.

Durante el gobierno anterior, se demostró que dicho programa había sido utilizado en contra de diversas personas defensoras de derechos humanos, incluyendo integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

Un análisis forense elaborado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que el malware Pegasus fue utilizado de nueva cuenta entre junio y septiembre de 2022 por Fuerzas Armadas mexicanas para espiar al director y a la coordinadora del Área Internacional del Centro ProDH.

Cabe destacar que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a detener las prácticas de espionaje del pasado, clasificándolas como ilegales. No obstante, el reiterado espionaje al Centro ProDH se suma a otros casos denunciados sobre el uso de Pegasus en este sexenio.

Los programas, centro e institutos de derechos humanos del Sistema Universitario Jesuita en México reprobamos categóricamente estos actos por parte de las autoridades, particularmente de las fuerzas armadas, y reiteramos nuestra solidaridad con el Centro ProDH, que se ha dedicado a la defensa de la dignidad humana a lo largo de 35 años de trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado que la intervención en comunicaciones y la geolocalización por parte de las instituciones castrenses no es permisible en el caso de personas civiles.

Además, el espionaje a personas defensoras de derechos humanos y periodistas carece de justificación en términos de seguridad nacional, más allá de la posible afectación a los intereses de las Fuerzas Armadas.

Los actos ilegales de espionaje, además de numerosos abusos a los derechos de las personas, son producto directo de la participación militar en tareas de seguridad pública, entre otras funciones propias del gobierno civil.

Todo lo anterior confirma la necesidad de adoptar medidas específicas para asegurar la excepcionalidad de la participación castrense en tareas ajenas a la seguridad nacional, y restablecer el control civil.

Dichos actos también tienen un efecto negativo en la sociedad en general ya que provocan una pérdida de confianza en las autoridades que impide a las personas expresar libremente sus opiniones políticas, denunciar la comisión de un delito o hablar con personas periodistas o defensoras como testigos o víctimas de violaciones a derechos humanos.

Hoy nos corresponde alzar la voz por aquellos y aquellas que defienden nuestros derechos y acercan la justicia a las víctimas.

Nos sumamos a las exigencias que ha venido formulando el Centro ProDH, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y Artículo 19:

Cese inmediato del espionaje ilegal.
Publicación de toda información relacionada con las contrataciones realizadas por la SEDENA y la FGR para la compra de sistemas de intervención de comunicaciones privadas.

Investigación imparcial, diligente, objetiva, profesional, exhaustiva y seria por parte de la FGR.

Garantizar la seguridad e integridad personal de las personas víctimas de espionaje.

Establecimiento de un mecanismo independiente e internacional de investigación respecto al espionaje ilegal en México.
Garantía de no-repetición del espionaje ilegal a través de una reforma legal e institucional que impida de manera verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país.

Área de Incidencia de la Universidad Iberoamericana de Tijuana.

Centro Universitario de Derechos Humanos y Sustentabilidad “Segundo Montes, SJ” del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.

Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Equipo de Comunalidad y Migración del Instituto Superior Intercultural Ayuuk.

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León.

Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Iberoamericana Torreón.