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Las acciones penales contra un exjuez y una exfiscal guatemaltecos son un ataque al estado de derecho y una represalia contra su trabajo de derechos humanos y anticorrupción, dijo hoy una experta de la ONU.

La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha instado a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la exfiscal Virginia Laparra Rivas y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, y proteger la independencia de los jueces y fiscales del país.

“La criminalización de la se?0?9ora Laparra y las amenazas contra el juez Gálvez son un ataque al estado de derecho”, dijo Satterthwaite. “Estoy especialmente preocupada por las irregularidades en el caso de la se?0?9ora Laparra y su detención prolongada en condiciones que pueden poner en riesgo su salud y seguridad”.

Laparra, exfiscal anticorrupción, se encuentra en prisión preventiva por dos procesos penales que enfrenta por su labor como fiscal en Quetzaltenango. Dichos procesos seguidos contra Laparra se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo dilaciones indebidas y uso excesivo de la prisión preventiva, dijo la experta.

El ex Juez Gálvez enfrenta antejuicio que busca revocar la inmunidad de persecución indebida de la que goza.

Con más de dos docenas de a?0?9os en el tribunal, el juez Miguel ?0?9ngel Gálvez se centró principalmente en casos de corrupción, crimen organizado y el conflicto armado interno. En una decisión histórica de mayo de 2022, el juez Gálvez dictaminó que nueve militares y policías guatemaltecos acusados de crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, asesinato y tentativa de asesinato serían juzgados por su presunta participación en el caso conocido como Diario Militar.

La experta de la ONU dijo que como resultado de presidir el caso de alto perfil, el juez Gálvez había sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento. Recientemente renunció a su cargo.

“Se está abusando del derecho penal para atacar a los servidores públicos y operadores de justicia, quienes protegen y garantizan los derechos humanos, quienes están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”, enfatizó Satterthwaite.

La Relatora Satterthwaite recordó que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben estar sujetos a medidas penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones legales. Dijo que los fiscales no deben ser criminalizados por cumplir con sus funciones en la lucha contra la corrupción.

“Estoy extremadamente preocupada por estos casos en particular y por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo la Relatora Especial.

Instó a las autoridades a garantizar que las personas que trabajan en el poder judicial no sufran ataques y represalias por su trabajo o por su género.

“Las autoridades de Guatemala deben actuar para consolidar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala protegiendo a todas las y los operadores de justicia”, dijo Satterthwaite.