Excelsior

Ante la creciente demanda internacional de aplicar sanciones comerciales inmediatas contra México por la falta de acciones para salvar a la vaquita marina de la extinción, la Secretaría General de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), pondrá a votación de los 183 países, que participarán en la próxima reunión del Comité Permanente en Panamá, una posición más conciliadora.

Mira: Unión Europea exige sanciones comerciales contra México por vaquita marina

La idea es establecer la fecha fatal del 28 de febrero de 2023, para que el gobierno mexicano presente un plan de acción contundente que ponga fin al tráfico ilegal de Totoaba.

Los integrantes del Comité Permanente de la CITES que se reunirán dentro del marco de la COP19 a realizarse del 14 al 25 de noviembre, decidirán si se otorga un ultimátum a México para que aplique un programa efectivo contra la captura de Totoaba macdonaldi en el Alto Golfo de California, en cuyas redes de pesca prohibidas muere ahogado el mamífero marino en mayor peligro del mundo o se inclinan por las medidas coercitivas solicitadas hasta ahora por Estados Unidos, Israel, Senegal y la Unión Europea.

En caso de que la comunidad internacional decida darle una última oportunidad a México, y no haya resultados medibles, el paso siguiente sería suspender el comercio internacional regulado que realiza nuestro país de especies protegidas como aletas de tiburón, caballitos de mar, madera de cedro o trofeos de caza deportiva de borrego cimarrón, entre otros.

“Sí México no presenta un plan de acción de cumplimiento final para esa fecha o si se considera que el plan es inadecuado, se ordena a la secretaría que emita una notificación recomendando sanciones comerciales contra México”, establece el documento de trabajo previo a la reunión de Panamá.

México prefiere ultimátum

En un encuentro con organizaciones de la sociedad civil para compartir la postura de México ante la CITES, Enrique Castañeda Sánchez, subprocurador de Auditoría Ambiental de Profepa, dio a conocer que el gobierno de nuestro país buscará que se establezca el plazo de febrero de 2023 para contar con un plan efectivo en el Alto Golfo de California, en lugar de las sanciones comerciales solicitadas por algunas delegaciones.

Reconoció que no se puede seguir haciendo lo mismo, si se quiere tener resultados diferentes, porque sólo ofrecer a la comunidad internacional números de actividades que se realizan en la región, resulta insuficiente y lo que se necesita es “cerrar filas en el Gobierno de México”, para atender la problemática.

“La propuesta más favorable es la postura de la Secretaría CITES al Comité Permanente, para darnos un plazo con el fin de establecer un plan de acción; creo que las acciones, están claramente definitivas y las podemos sacar del acuerdo regulatorio de septiembre de 2020 (donde se prohíben todas las redes de pesca), más algunas otras, donde se establezca una reciprocidad con Estados Unidos y China”, adelantó.

En este sentido, Enrique Castañeda Sánchez criticó la postura asumida por el gobierno estadunidense de erigirse como el “gran sensor” de las acciones de México y un “ente” en la rendición de cuentas, sobre el tema de la vaquita marina, tanto en los foros de la CITES como en las consultas ambientales que abrió en el marco del T-MEC, y que también podrían acarrear sanciones comerciales contra nuestro país.