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Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, informó que un 20 por ciento de las víctimas de la Línea 12 del Metro, no aceptaron el acuerdo reparatorio que les ofrecían las empresas involucradas en la construcción del viaducto elevado que colapsó el tres de mayo pasado, que dejó 26 muertos y 98 lesionados.

En un mensaje a medios de comunicación, la funcionaria hizo un llamado a los afectados que rechazaron el acuerdo reparatorio para que se acerquen al personal de la institución que encabeza, para que accedan a este beneficio que contempla el nuevo sistema penal acusatorio.

Reiteramos el llamado respetuoso y fraterno a las personas que escucharon la propuesta, pero que decidieron no firmar, los invitamos para que se acerquen a la Fiscalía y con ello mediar la posibilidad, de alcanzar la totalidad de los acuerdos”, señaló.

Godoy dijo que el lograr acuerdos reparatorios con el 80 por ciento de las víctimas, “representa un avance sustantivo para las familias, que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada”.

La abogada de la Ciudad de México recalcó que el acuerdo reparatorio abrevió la resolución de un juicio largo y desgastante que finalmente desembocaría en ordenar la reparación del daño.

El 21 de enero pasado, Excélsior publicó que las víctimas estaban siendo citadas en la unidad de Mediación de la Fiscalía capitalina, para que firmaran el acuerdo reparatorio.

Los montos monetarios que les ofrecieron las autoridades a cada afectado varió, pues la cantidad dependía de las lesiones que les dejó el derrumbe o si son deudos. A una de las, por lo menos, seis víctimas que se presentaron en aquella ocasión, le ofrecieron un millón 600 mil pesos

Como parte de las condiciones para otorgarles el recurso, que fue aportado por los corporativos al fondo que se creó en coordinación del Gobierno de la Ciudad de México, las víctimas tenían que desistirse de cualquier acción penal en contra de las empresas involucradas en la construcción de la “Línea Dorada”.

Las víctimas que son representadas por los abogados Cristopher Estupiñán y Teófilo Benítez son parte del 20 por ciento de los afectados que se desistieron a firmar el acuerdo reparatorio.