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Académicos destacan también que las actuales políticas sociales no están atravesadas por una lógica de derechos humanos.

Más mexicanos, 3.8 millones de personas, cayeron en pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su más reciente informe (https://bit.ly/3ygbaER), que analiza el periodo de 2018 a 2020. ¿Cuál debería ser el siguiente paso del gobierno federal para disminuir esta cifra?

Para Jorge Rocha Quintero, académico y titular de la Dirección de Integración Comunitaria (DIC) del ITESO, la respuesta estaría en implementar políticas mucho más agresivas en términos de economía, desarrollo y de incremento de impuestos con el fin de contar con mayores posibilidades de generar transferencia de riqueza y apuntalar algunos sectores estratégicos, como el muy deteriorado sistema público de salud.

Sin embargo el costo político que conllevarían estas decisiones no sería menor. “Habrá que ver si el presidente está dispuesto a asumirlo, porque hasta ahora no lo ha hecho”, dice.

Entre las estrategias que la administración federal ha implementado, el académico destaca el modelo universalista que contrasta con el de aplicación focalizada de los dos gobiernos predecesores. También las políticas de fortalecimiento al empleo como el aumento al salario mínimo y el impulso de las reformas en torno al outsorucing que, junto con el incremento sustantivo de las transferencias directas, apuntaban a resolver el problema de la pobreza. “Sin embargo la pobreza ahí sigue”, recalca.

“Todavía está la moneda en el aire para saber sí tendremos en México estrategias más acertadas y contundentes para acabar con este terrible problema que es la pobreza en la que viven, por lo menos ahora, 55.7 millones de personas”, añade.

Menos “nuevos pobres” de los esperados

Achacar a la pandemia el aumento de mexicanos en pobreza queda corto. Rocha sostiene que fue una serie de factores la que terminó por acrecentar esta condición que en México “ya era sistemática”.

El académico recuerda que, en un ejercicio previo, el Coneval hizo una ponderación de las políticas sociales del decenio comprendido de 2008 a 2018, abarcando parte del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y todo el de Enrique Peña Nieto. En este ejercicio “lo que hizo el Coneval fue demostrar que la política social en México no funciona, la pobreza no aumenta, pero tampoco disminuye. Manteníamos al menos a 50 millones de personas en condición de pobreza y entre ocho y diez millones en pobreza extrema”, dice.

La administración de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado revertir esta tendencia.

Rocha enumera tres razones que en su opinión explican esta situación: la primera, que no existió un crecimiento económico hacia el principio del sexenio, condición necesaria para el proceso de redistribución de riquezas. A ello se sumó la contracción de la inversión privada en ese mismo periodo de tiempo, en parte “por la cautela que los grandes empresarios siempre tienen ante un cambio de gobierno”, dice, y apunta que, incluso al día de hoy, algunos sectores empresariales se mantienen como fuertes críticos de esta administración.

La tercera razón es la pandemia por Covid-19, cuyos primeros efectos ya se alcanzan a medir en el más reciente informe del Coneval. “Esta situación generó una crisis económica autoimpuesta no sólo en México, sino en muchos países del mundo que ha provocado que por lo menos llevemos un año y medio con una contracción de las actividades económicas”, dice.

Sin embargo en los primeros meses de la pandemia se pronosticaba que el número de nuevos pobres podría llegar a los 10 millones de personas, por lo que hablar de 3.8 millones es “una buena noticia dentro de una tragedia”, considera el académico.

Red de homólogos

José Rosario Marroquín Farrera, SJ, representante en el ITESO de la Red de Homólogos sobre Desigualdad y Pobreza de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal), apunta que lo presentado por el Coneval es consistente con las tendencias en la región.

Si bien señala que existieron avances importantes en América Latina ─no así en México─ durante los primeros años de este siglo, incluso ya entrada la segunda década, “desde 2017 había señales de que eso estaba llegando a su fin”.

En este contexto, el grupo de investigación se encargó de analizar el impacto de la pandemia en términos del incremento de la desigualdad por medio del estudio de las políticas implementadas en los diferentes países latinoamericanos durante este periodo.

Grosso modo, “las políticas aplicadas no fueron suficientemente fuertes como para paliar los impactos económicos y sostener el ingreso de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, en tanto que se entendió que se requerían políticas de mayor cuidado a cierto tipo de derechos como la salud”, explica el también académico del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO.

Añade que los datos publicados por el Coneval son un insumo importante para la Red de Homólogos sobre Desigualdad y Pobreza, la cual reconoce la autonomía y metodología del consejo, que además no se limita a producir estadística, “sino que analiza por qué han estado fallando las políticas aplicadas. Es un hecho que la pobreza y la desigualdad no han disminuido en el país”.

Marroquín afirma que las políticas que se implementan actualmente para el combate a la pobreza y a la desigualdad no están atravesadas por una lógica de derechos humanos, lo cual deriva en que la ciudadanía no pueda distinguir que es una obligación del estado garantizar los derechos de las personas.

“Es entonces cuando estas acciones se ven más como un regalo del estado, con niveles elevados de pobreza difícilmente se pueden garantizar los derechos de las personas”, dice.

La Red de Homólogos sobre Desigualdad y Pobreza trabaja en una investigación sobre la informalidad laboral en América Latina, que será publicada próximamente.