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Cientos de pacientes venezolanos con cáncer pueden morir debido a la aplicación excesivamente estricta de las sanciones estadounidenses dirigidas a Venezuela y a la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según un grupo de relatores y expertos de derechos humanos independientes de la ONU*.

“La vida de los pacientes venezolanos que han tenido trasplantes y se encuentran varados en países extranjeros está amenazada, al igual que la de aquellos que esperan viajar al extranjero para someterse a operaciones sin las cuales no sobrevivirían”, dijeron los expertos en un comunicado.

Destacaron que, precisamente, viajar al extranjero para recibir tratamiento se ha convertido en la única esperanza para cientos de pacientes en estado crítico.

Según los expertos en derechos humanos, este asunto se ha puesto en conocimiento del Gobierno de los Estados Unidos de América y de otros países y entidades que siguen la aplicación estricta de las sanciones.

Terceros países, bancos y empresas privadas han sido excesivamente cautelosos en su trato con Venezuela porque temen violar involuntariamente las sanciones de Estados Unidos. Como consecuencia, no se puede transferir dinero fuera de Venezuela, y algunos pacientes han quedado varados, en la indigencia, en los países a los que acudieron para recibir tratamiento.

Llamamiento para restablecer los tratamientos

Por este motivo, los relatores han hecho un llamamiento a todos estos países y entidades “para que mitiguen las consecuencias inesperadas de las sanciones y restablezcan el tratamiento de las personas cuyas vidas están ahora en peligro”.

También exhortan a esos países a “asumir la responsabilidad por el efecto que sus acciones tienen sobre los derechos fundamentales a la vida y a la salud de todas las personas del mundo”.

En el origen de esta situación está el programa gestionado por la Fundación Simón Bolívar, el brazo benéfico de la empresa estadounidense Citgo Petroleum Corporation, que ayudó a pacientes con cáncer, entre ellos muchos niños, a viajar al extranjero para recibir trasplantes y otros tratamientos para salvar sus vidas.

Cientos de estos pacientes que solían estar vinculados a un programa nacional de trasplantes con el Gobierno de Venezuela, vieron interrumpido su tratamiento cuando Estados Unidos negó el control de Citgo Petroleum Corporation al Gobierno venezolano.

“Tener PDVSA como objetivo ha sido una forma de controlar la agenda política de Venezuela que ha tenido consecuencias devastadoras para cientos de personas que estaban en tratamiento por rechazo de trasplante, tanto en Venezuela como en el extranjero”, dijeron los expertos.

Las personas en lista de espera del Estado para trasplantes también han sido informadas de que sus tratamientos no continuarán.

Según datos aportados por los expertos, unos 190 pacientes con cáncer están en lista de espera para recibir tratamiento en el extranjero. Mientras tanto, unos 14 niños, tres de ellos bebés, murieron entre 2017 y 2020, esperando un tratamiento en el marco del programa.

Estos casos ilustran la necesidad de proteger plenamente los derechos humanos fundamentales, dijeron los expertos.

“Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda persona afectada por una acción internacional directa, incluso de aquellas que están fuera de su jurisdicción o control efectivo, sin importar cuál era su intención original”, explican los relatores.

Y añaden que el derecho a la salud y el derecho a la vida son fundamentales para todos los individuos del mundo, por lo que piden “a todos los Estados, bancos y empresas privadas que asuman la plena responsabilidad de los efectos de sus acciones sobre las personas, y que retiren las sanciones y las políticas de sobrecumplimiento que afectan a los derechos humanos fundamentales”.

*Los expertos que firman el comunicado son Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Obiora Okafor, experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Livingstone Sewanyana, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Saad Alfarargi, relator especial sobre el derecho al desarrollo; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.