Existe preocupación en la industria de agroquímicos por la regulación del glifosato por del CONACYT

Hipólito Contreras

La industria de productores de agroquímicos ve con satisfacción la reapertura de la importación de glifosato resultado del reciente encuentro con autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin embargo, hay preocupación que sea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, la dependencia responsable de emitir recomendaciones anuales a las autoridades competentes que les permitan sustentar, en su caso, la cantidad de glifosato que autorizarán a los particulares para su importación, afirmó Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de fabricantes y formuladores de agroquímicos.

El decreto citado, dijo, además refiere que el CONACYT “coordinará, articulará, promoverá y apoyará las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permitan sustentar y proponer, a las Secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Recursos Naturales, alternativas al glifosato”.

Indicó que el país ya cuenta con dos instituciones de primer nivel especializadas en el sector agropecuario, INIFAP Y SENASICA, y que deberían de ser las responsables de las investigaciones para encontrar una alternativa al glifosato más utilizado en el mundo, con más de 40 de años en el mercado y clasificado como no carcinogénico de acuerdo al Catálogo de Plaguicidas vigente publicado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS.

Precisó que hay funcionarios en diferentes áreas del gobierno federal que prefirieron encomendar al CONACYT la responsabilidad de encontrar alternativas al glifosato, quizás porque el INIFAP, una institución con reconocimiento internacional, ha reconocido que no hay, hasta ahora, alternativas al glifosato, y que no han encontrado evidencia sobre su impacto en la salud y medio ambiente”.

Externó su extrañeza porque el decreto que busca prohibir el glifosato da atribuciones al CONACYT en materia agropecuaria, cuando ni siquiera tenemos certeza que los ventiladores prometidos para pacientes graves de COVID estén funcionando. En este sentido, uno se pregunta ¿cómo y con qué recursos podrá el CONACYT encabezar investigaciones para encontrar alternativas al glifosato, tema que países de Europa llevan décadas investigando.

Pregunta ¿con qué personal e infraestructura podrá el CONACYT hacer recomendaciones sobre el uso de cantidades de glifosato cuando no tiene la capacidad técnica, ni operativa para hacerlo? y, en todo caso, ¿Por qué responsabilizar a un organismo como el CONACYT de todas estas acciones si ya cuenta con instituciones especializadas en materia agropecuaria, como el INIFAP y el SENASICA?

Pidió al CONACYT que emita la convocatoria para realizar los estudios que implica el gran desafío de encontrar alternativas al glifosato ya que el decreto establece que el CONACYT “podrá invitar a grupos organizados de productores agrícolas, a la industria de agroquímicos, a las organizaciones de productores de bio-insumos e insumos agrícolas orgánicos para que participen en el diseño, promoción o implementación de las alternativas.

Manifestó la disposición de la industria de protección de cultivos para colaborar con el gobierno federal para impulsar políticas públicas integrales que permitan fortalecer los marcos regulatorios vigentes, así como combatir, con mayor firmeza, el comercio ilegal y no regulado de fitosanitarios que afectan a los agricultores, a la industria y que además genera múltiples riesgos para la salud humana, cultivos y medio ambiente.

Explicó que el glifosato se utiliza en un 60 por ciento en los cultivos de maíz y que 10 estados del país contribuyen con el 80% de la producción de ese grano esencial para la alimentación de los mexicanos, “de modo que limitar o eliminar su uso afectará a los estados más pobres, porque la eliminación de glifosato producirá un aumento en los costos de producción hasta en un 300 por ciento por hectárea y se reduciría la producción de alimentos entre un 20 y 40 por ciento, afectando especialmente a los pequeños productores de los estados más pobres del país.

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