Staff/Rossi

La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta, se sumó a la exigencia del Comité Ejecutivo Nacional para que se castigue con todo el peso de la ley a Pío López Obrador y David León Romero, quienes violaron la normatividad de financiamiento a los partidos políticos, la transparencia y la rendición de cuentas en materia de fiscalización de los recursos públicos.

Recordó que el Partido Acción Nacional presentó una queja formal ante el INE en contra de Morena y los personajes antes citados. La denuncia se basa en el reportaje publicado el pasado 20 de agosto por el medio de comunicación Latinus.

El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, informó que en los próximos días legisladores panistas presentarán otras denuncias ante la FEPADE por la presunta utilización ilegal de recursos públicos para apoyar a Morena, y ante la Fiscalía General de
la República por peculado, financiamiento ilícito y lavado de dinero, a fin de que las autoridades investiguen y sancionen a los involucrados.

“No podemos dejar pasar un acto de corrupción y delito electoral tan grave como éste y por ello solicitaremos a las autoridades correspondientes la revisión del financiamiento reportado por Morena y que se lleve a cabo una investigación del origen de los recursos que financiaron a Morena, porque por lo visto hay algo muy turbio ahí”, expresó.

“Señor Presidente le pedimos congruencia de sus palabras con sus hechos, hoy en México es delito grave lo que usted niega con total cinismo. Por eso le pedimos que acate la ley tanto cuando se trate de miembros de su familia, como de integrantes de su gobierno y de
su partido”, señaló Cortés Mendoza.

Exigió que se haga una puntual revisión del origen y uso de los recursos, porque la dirigencia de Morena evidentemente ocultó esa entrada de recursos de procedencia ilícita según aparece en esos videos.

Finalmente, el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, señaló que dará seguimiento puntual a dicha denuncia y que Acción Nacional irá hasta las últimas instancias por tratarse de desvío de recursos públicos y financiamiento ilegal a campañas políticas.