Ricardo Homs

Gracias a la fuerza de voluntad de la señora Juana Pérez, mamá del niño Dylan, quien parece haber sido secuestrado por otros dos menores de edad en Chiapas, fue que el gobierno del estado desarticuló una posible banda dedicada a la trata de menores indígenas para obligarlos a desarrollar la mendicidad.

Sin embargo, empieza a descubrirse que continúan las viejas prácticas policiacas y de procuración de justicia para silenciar a la opinión pública con distractores. Dylan no aparece, pero la Fiscalía de Justicia de Chiapas parece haber armado una trama para distraernos, pues la supuesta red de trata que desarticuló y los 23 niños liberados, son una misma familia, que rentaba una casa.

Esta familia conformada por el abuelo, hijas y nietos pertenecen a la etnia tzotzil. El abuelo de nombre Adolfo Gómez fue encarcelado y amaneció estrangulado en su celda. La explicación de las autoridades fue de un suicidio. Sin embargo, tiene señales de tortura y estrangulamiento… ¿Intentarían sacarle una confesión y se les pasó la mano?.

La justicia sigue igual que en el periodo neoliberal. Las mujeres aún continúan en la cárcel.

Este parece ser un montaje igual al que realizó García Luna respecto a la detención de la francesa Florence Casez y una banda de secuestradores, con la diferencia de que quizá sí existió esa banda que fue detenida en aquel momento y aquí, en la versión chiapaneca, se montó con indígenas tzotziles presumiblemente inocentes.

Lo que podría haberse resuelto con la presentación de las actas de nacimiento que exhibieron los familiares apenas sucedió el arresto, fue capitalizado por la fiscalía del estado por el filón mediático y su capacidad como distractor ante el fracaso en la búsqueda de Dylan.

Aún permanece encarcelada una familia inocente y el abuelo presumiblemente asesinado en la cárcel.

El caso del niño Dylan nos ponen en evidencia dos circunstancias recurrentes en nuestro país.

Primeramente, es que el delito no se persigue de oficio, aunque debiera ser así, pues las autoridades judiciales sólo actúan sobre la presión del escándalo mediático. Por ello la gente humilde e indefensa generalmente no obtiene justicia y el índice de impunidad en México es muy alto. Muchas veces los mismos funcionarios se encargan de desestimular la presentación de denuncias de delitos.

Solo cuando las víctimas o sus familiares generan un escándalo que impacta los medios de comunicación y su caso llega a la televisión, radio, prensa y redes sociales es cuando se logra tener la atención de las autoridades. Este es el caso de la mamá de Dylan, quien viajó a la Ciudad de México para exigir ser recibida por el presidente López Obrador.

Por otra parte, continúa la vieja práctica la búsqueda de chivos expiatorios que sean presentados como los autores del delito o por lo menos, como en este caso, sirvan de distractor público.

Grave nuestra crisis de justicia. La gente pobre y vulnerable, a la que los gobiernos a lo largo de todo nuestro territorio dicen defender, es precisamente la que es utilizada para montajes políticos.

La falta de confianza en nuestro sistema de impartición de justicia, es muy riesgosa pues estimula el desorden social como lo es la toma de carreteras, secuestro temporal de funcionarios públicos y otro tipo de acciones desesperadas. El ciudadano típico ya no confía en las autoridades.

Por ello es evidente que los grupos descontentos buscan llamar la atención de los medios de comunicación y lo hacen generando conflictos cada vez más espectaculares, como ha sucedido en los disturbios generados por campesinos de Chihuahua que exigen más agua de la presa cuyo líquido se comparte con los norteamericanos. Queman autos y camiones con grandes riesgos de que el fuego se salga de control. Sin embargo, estas son las medidas de presión disponibles.

Es evidente que se ha perdido el respeto a la ley porque los funcionarios hoy carecen de autoridad moral.

Antes, aunque sea por temor, las autoridades eran respetadas. Hoy no solo son despreciadas, sino incluso provocadas y agredidas, lo que pone en riesgo el estado de derecho.

Es necesario legislar para castigar de modo ejemplar a los funcionarios públicos que no cumplen con sus responsabilidades, pues esto estimula la impunidad y propicia conflictos sociales en busca de justicia. Despedirlos simplemente, no es suficiente escarmiento
México es uno de los pocos países donde siendo evidente el delito y haciéndose público a través de los medios de comunicación, las autoridades no ejercen acciones específicas. El argumento de las autoridades para la inacción siempre será la necesidad de que las víctimas ratifiquen la denuncia y sin embargo, en nuestro país las víctimas son vulnerables frente a los delincuentes y a las autoridades cómplices de ellos.

Las desapariciones, como la del niño Dylan, son constantes. Sin embargo, la impunidad estimula el delito. La impunidad se debe a una mezcla de desinterés, desidia y corrupción gubernamental.

El principal reto de nuestro sistema de impartición de justicia es rescatar la credibilidad por parte de la ciudadanía, pero para ello es necesario involucrar a los funcionarios que reciben las denuncias, los ministerios públicos y a los cuerpos policiacos, para que actúen con responsabilidad.

Las autoridades judiciales generalmente conocen como operan las bandas en su localidad y si la delincuencia crece, es porque no hay voluntad para combatirla o entonces hay contubernio o complicidad.

Peor aún, cuando desde el Poder Ejecutivo deslegitima cuando les conviene, al estado de derecho.
El final de esta historia chiapaneca es evidente: si se comprueba la tortura en contra del indígena Adolfo Gómez, los policías simplemente serán despedidos y los policías