Encuesta Mundial de la CSI sobre la COVID-19: amenazas a los derechos y libertades democráticas

PRNewswire

La respuesta a la pandemia del coronavirus es el mayor acto de solidaridad humana a escala mundial jamás visto. Las personas han renunciado a sus derechos civiles y han comprometido su sustento para salvar vidas. No obstante, con la excusa de las medidas adoptadas para combatir la pandemia, muchos países están promoviendo planes perjudiciales para los derechos de los trabajadores.

Más de la mitad de los países (56%, 53 países) que participaron en la Encuesta Mundial de la CSI sobre la COVID-19 indicaron que, en los últimos meses, sus Gobiernos habían introducido restricciones a los derechos humanos y sindicales so pretexto de su respuesta a la pandemia del coronavirus.

Las conclusiones de la quinta Encuesta Mundial de la CSI sobre la COVID-19 de 121 sindicatos de 95 países, entre ellos 17 países del G20 y 33 países de la OCDE, realizada entre el 22 y el 25 de junio de 2020, revelan que esos ataques se suman a la ruptura del contrato social.

“Los derechos democráticos, la confianza y la rendición de cuentas son los componentes esenciales del nuevo modelo económico que el mundo necesita para recuperarse de la conmoción de la pandemia de la COVID-19. Una economía global resiliente debe basarse en un nuevo contrato social: un nuevo compromiso con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, inversiones renovadas para garantizar su cumplimiento y el respeto del Estado de derecho, y un base sólida para la democracia en el lugar de trabajo. Estos son los cimientos para un futuro en el que no se deje a nadie atrás”, ha expresado Sharan Burrow, secretaria general.

Desde que la OMS declaró el brote de coronavirus como pandemia mundial en marzo de 2020, los sindicatos han participado activamente en las negociaciones para ofrecer apoyo a los trabajadores. Casi dos tercios de los países (63% o 60 países) afirmaron que los sindicatos de su país habían sido capaces de garantizar apoyo adicional para los trabajadores como parte de las respuestas del Gobierno y de los empleadores a la pandemia de la COVID-19. Este apoyo suele traducirse en disposiciones para proporcionar un nivel mínimo de protección social, en particular, bajas remuneradas por enfermedad, ayudas financieras y atención sanitaria.

“Pese a los logros que esto supone para los trabajadores, la pandemia del coronavirus ha sacado a relucir las líneas divisorias de la brecha mundial que existe entre quienes disponen de una protección social universal, como prestaciones sanitarias y ayudas financieras, y quienes no. En muchos de los países más pobres los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector de la economía formal como informal, se enfrentan a la disyuntiva de quedarse confinados y que sus familias se mueran de hambre o intentar encontrar trabajo pese al enorme riesgo que el coronavirus supone para sus vidas y la comunidad. El Fondo de Protección Social Mundial necesitaría 37.800 millones USD durante los cinco primeros años para sufragar el déficit de financiación con vistas a alcanzar el ODS 1.3 en los países de renta baja”, añade Sharan Burrow.

La crisis sanitaria de la COVID-19 está alimentando el desempleo a una escala inimaginable hace apenas unos meses. El reto reside en diseñar una recuperación que reconstruya el contrato social entre el Gobierno y las sociedades con las bases de la resiliencia para soportar nuevas conmociones.

Si bien la mayoría de los países (81% o 77 países) señalaron que su Gobierno está preparando un plan de recuperación económica como parte de su respuesta a la pandemia, el 42% de los países cree que su Gobierno está respondiendo mal a las necesidades de los trabajadores afectados por el virus, y el 60% de los países que respondieron a esta encuesta opina que los empleadores están respondiendo mal a las necesidades de los trabajadores.

“Los planes de recuperación económica para un mundo interdependiente van a requerir una financiación nacional y mundial para la recuperación y la resiliencia que solo puede lograrse y mantenerse si se basa en el diálogo social y el restablecimiento de la confianza en las democracias y una profunda reforma del multilateralismo”, concluye Sharan Burrow.

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