Staff/Rossi

Como lo ha sostenido la Organización Mundial de la Salud, el avance de la epidemia del COVID-19 se ha acelerado de forma significativa. Frente a esto, las familias poblanas cuentan con una preocupación legítima por las consecuencias económicas, sociales y, por supuesto, de salud que se puedan generar. Esto es perfectamente entendible: desde el primer caso anunciado en nuestro país el 28 de febrero, hemos observado un incremento continuo de los casos de contagio: para el 23 de marzo, se han acumulado 367 casos confirmados, 826 casos sospechosos y 4 defunciones.

México cuenta con obligaciones internacionales para responder frente a este tipo de fenómenos epidemiológicos, como las contenidas en el Reglamento Sanitario Internacional. A partir de la declaratoria de pandemia, las instituciones deben activar distintos mecanismos para proteger a la población, así como para prevenir, contener y atender los distintos contagios. Aunque la OMS declaró que el COVID-19 constituía una pandemia este 11 de marzo, no fue hasta el 19 del mismo mes que se reuniría el Consejo de Salubridad General, autoridad responsable de activar mecanismos nacionales y homologar acciones frente a estas situaciones. La resolución de esa sesión la conocimos hasta la tarde del 23 de marzo.

Estoy convencido que la garantía de la salud de mexicanas y mexicanos es un asunto prioritario para quienes participamos en el servicio público. También reconozco que frente a una pandemia el tiempo es oro, por lo que los mecanismos deben activarse con prontitud y oportunidad porque está en juego la vida de las personas. Por eso, como Diputado Sin Partido, he presentado diversas propuestas ante el Congreso del Estado para que Puebla contará con las condiciones para salir adelante.

Lamentablemente, un Punto de Acuerdo que presenté el pasado 2 de marzo, fecha en la que el Congreso aún sesionaba con normalidad, fue simplemente ignorado: en éste exhortaba a realizar con el debido tiempo un diagnóstico sobre las necesidades de las instituciones de salud, que atenderán cada caso de contagio del nuevo coronavirus; a que el Gobierno del Estado y los municipios establecieran criterios de coordinación y a implementar estrategias de prevención en lugares de alta concurrencia como aeropuertos, centrales de transporte, centrales de abasto, mercados, escuelas, entre otros. La propuesta simplemente fue turnada, sin que pudiéramos presentarla debidamente ante la sociedad poblana.

No obstante, estoy convencido que mi trabajo implica dedicación, disciplina y constancia. Por eso, en medio del receso del Congreso, he propuesto dos instrumentos para que sean considerados en medio de la pandemia:

1. El primero consiste en una iniciativa de reforma de Ley para que el Sistema Estatal de Salud cuente con un mecanismo estatal que se active de forma inmediata y subsecuente a la declaratoria de pandemia por un organismo internacional. Esto quiere decir que propuse que aprovechemos cada segundo, aunque a nivel federal no se tomen acciones, para generar campañas, diagnósticos de las instituciones de salud, modificaciones presupuestales, protocolos en lugares de alta concurrencia y cumplimiento de recomendaciones internacionales.

2. El segundo busca exhortar al Congreso del Estado para diseñar un plan económico que contrarreste el impacto de la pandemia, garantice los derechos laborales de la clase trabajadora y proteja a las personas sin seguridad social, entre otras medidas. De igual forma, se propone establecer un diálogo serio y responsable entre la Administración Pública y el Congreso para crear un Fondo de Emergencia, que reconduzca recursos de actividades no prioritarias para la prestación de servicios de salud.

Seguiré impulsando propuestas que busquen hacer de Puebla un estado referente frente a esta pandemia. Es momento de trabajar en equipo. Sé que saldremos de ésta.