Por Dra. Ivonne Acuña Murillo
· Académica de la IBERO desmenuza los pendientes y los errores de la administración saliente
Como ‘perdido’ ha sido calificado, por diversos actores, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Perdido para el Estado y la sociedad mexicanos, pero no para él y la élite que representa, se afirma aquí.
Los datos son contundentes cuando se trata de fundamentar estas aseveraciones, comenzando con aquellos que durante la campaña presidencial de 2012 advertían de los riesgos de elegir al peor de los candidatos, aquél de ‘cara bonita’ y ‘pocas ideas’, aquél que sin ser el ‘cerebro’ de su grupo político, crearía la oportunidad para que quienes le apoyaron en su vertiginosa carrera política se enriquecieran al amparo del poder político.
Pareciera que seis años son poco tiempo, casi nada en la larga historia de una nación; sin embargo, en un país que se desangra, un sexenio es una eternidad. Una oportunidad desperdiciada, un tiempo valioso que se disolvió ante la mirada indolente y cómplice de los poderosos y la desesperación y el horror de una población indefensa y abandonada a su suerte. Debería de existir una sanción para quien despilfarra así el tiempo de millones de personas.
Por supuesto, para quien ya se va, seis años fueron suficientes para continuar con el fortalecimiento de ciertos empresarios, medios de comunicación y otros grupos fácticos, por lo que no se puede hablar de tiempo perdido, como en el caso de la población.
Un claro ejemplo es el de Germán Larrea, conocido como ‘El Rey del Cobre’, que de acuerdo con los reportes de 2013 y 2018 de la Revista Forbes, aumentó su fortuna de 16 mil 700 millones a 17 mil 300 millones, entre esos años. El empresario se ha distinguido por haber conseguido 333 concesiones, con vigencia hasta el 2063, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de EPN.
Asimismo, según datos del informe Billionaires report 2018 de la banca suiza UBS, en un año, la fortuna de 16 mexicanos sumó 141 mil millones de dólares, 21% más que en 2017.
En contraste, de 1996 a 2016, los niveles de pobreza y desigualdad han permanecido casi constantes. A pesar de un leve avance en el combate a la pobreza, el ingreso de la mayoría de los hogares mexicanos ha caído.
De 2012 a 2016, el número de personas que recibían un salario mínimo creció en casi un millón para ascender a 7.5 millones; mientras que el número de trabajadores con sueldos más altos se redujo de casi 4 millones a menos de 3 millones en el mismo periodo. De esta manera, el empleo en México se caracteriza por generar más puestos de trabajo formal, 4 millones de nuevos empleos en el sexenio de acuerdo con datos de la administración que se va, pero con salarios en extremo precarios.
Atendiendo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la población de mexicanos que viven con un ingreso menor a la línea de bienestar subió de 60.6 a 62 millones entre el 2012 y 2016, es decir, la mitad de la población vive en pobreza laboral.
Estos datos son reforzados por el estudio realizado por el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Puebla, en el que se sostiene que, a partir de 2012, la pérdida del poder adquisitivo también está relacionada con el nivel de estudios: a más escolaridad, más pérdida de poder adquisitivo.
Los salarios de los mexicanos que cuentan con posgrado y licenciatura han caído 28 y 20%, respectivamente, en lo que va del sexenio del presidente Peña Nieto, así lo reveló el estudio ‘La pobreza persistente en México’, elaborado por la IBERO.
Reporta el mismo Observatorio en voz de su director, el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, que 66.5% de los jóvenes que trabajan se encuentran en precariedad laboral debido a que al bajo salario se suma que no cuentan con las prestaciones de ley y que el 58% trabaja sin contrato.
Pero no se piense que Peña Nieto se vio perjudicado en sus ingresos por la pérdida de poder adquisitivo del salario, ni la precarización de éste ni el bajo, muy bajo crecimiento de la economía. El sitio La Silla Rota publicó, basado en datos de la Secretaría de la Función Pública y citados por Vice, que el patrimonio del todavía presidente aumentó en un 60%, pues cuando inicio su mandato tenía en sus cuentas bancarias 14 millones, 13 mil 100 pesos y al término de éste suma 22 millones 277 mil 967 pesos.
Por supuesto, a simple vista la cifra no es escandalosa; sin embargo, el aumento desmedido de la deuda pública, los conflictos de interés durante su administración, los cambios en la política de explotación del petróleo, la Estafa Maestra, etcétera, llevan a pensar en sumas infinitamente superiores, mismas que, por supuesto, la Función Pública no reportaría.
La Estafa Maestra es el nombre con el que se conoce a la investigación realizada por el sitio Animal Político y la organización de la sociedad civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a partir de la cual se comprobó un desvío millonario de recursos públicos de 7 mil 670 millones de pesos, de los cuales 3 mil 433 millones al menos no aparecen, a través de una triangulación en la que participaron 11 dependencias del gobierno federal, entre ellas la Sedesol (en el periodo de Rosario Robles), varias universidades y 128 empresas fantasma.
Pareciera que la alternancia del PRI y el PAN en la silla presidencial rompió la reputada tradición no escrita de “roba, pero deja para el que viene”, máxima que se aplicaba cuando “el que venía” pertenecía al mismo partido.
Paradójicamente, la relativa democratización de la vida política trajo consigo un aumento notorio de la corrupción política, la impunidad y la rapacidad voraz de gobernantes como Borge y Duarte, por mencionar sólo algunos, pues dado que ya nadie puede garantizar que un mismo grupo político vuelva a estar en una situación de privilegio como la que supone la Presidencia, se dejó de cuidar a la gallina de los huevos de oro so peligro de estrangularla.
Volviendo a la idea de ser “más papista que el Papa”, en materia económica, el proyecto de llevar hasta sus últimas consecuencias el modelo económico neoliberal cuyo eje es la reducción del Estado y la privatización a toda costa, fue para EPN el objetivo principal de su gobierno y de sus 14 reformas estructurales, consideradas por él mismo como su “mayor logro” y no elevar realmente el nivel de vida de la población con mejores empleos, salarios y prestaciones.
Esto se explica, a decir del Dr. Julio Boltvinik, en entrevista con Témoris Grecko, en el programa Diametral del 24 de noviembre de 2018, porque desde la década de los ochentas los gobiernos neoliberales buscaron controlar dos variables, la inflación y el tipo de cambio, la primera se ancló a los salarios de manera que era preciso mantenerlos bajos para no generar inflación. A esta estrategia y periodo histórico se le conoce como ‘estancamiento estabilizador’.
El Dr. Boltvinik desnuda de esta manera uno de los objetivos últimos del modelo económico neoliberal, a saber, el mantenimiento ‘sano’ de la macroeconomía a costa del bienestar de las grandes mayorías que son las únicas que han tenido que apretarse el cinturón en las últimas cuatro décadas. El otro propósito, a la vista, pero nunca confesado, es la acumulación de riqueza a cualquier costo por parte de una minoría rapaz. Nunca mejor dicho.
Visto así, efectivamente, en este sexenio se alcanzó el propósito no declarado de las élites en México y el mundo (el 1% de la población) de ser los dueños de la mayor cantidad de recursos posible, entiéndase petróleo, minerales, metales preciosos, agua, maderas preciosas, etcétera, en detrimento, por supuesto, de las grandes mayorías (el 99% restante).
De acuerdo con datos proporcionados por OXFAM México, en su estudio ‘México justo: Propuestas de Políticas Públicas para Combatir la Desigualdad’, realizado por: Diego Alejo Vázquez Pimentel, Milena Dovalí Delgado y Máximo Jaramillo Molina, México forma parte del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo.
Niveles confirmados por la coexistencia en un mismo territorio del hombre más rico de América Latina y el séptimo del mundo y 50 millones de pobres. Lo anterior supone que el ingreso del 5% más pobre de México es igual al del 2% más pobre del mundo; a la vez que, el ingreso del 5% más rico es similar al ingreso del 5% más rico en países desarrollados.
En dicho estudio se afirma que “el modelo económico mexicano beneficia sólo a las élites económicas. Con base en las últimas cifras de Forbes, las 10 personas mexicanas más ricas tienen la misma riqueza que el 50% más pobre de México. Así, los grupos de interés económico ejercen influencia desmedida sobre diferentes políticas públicas para mantener privilegios. “Esto constituye (se afirma en dicha publicación) una captura política del Estado.” (: 4).
No se puede sostener lo mismo en torno al Grupo Atlacomulco que, desde el Estado de México, soñó hacer del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), un negocio cuasi familiar por 50 años o más. Por supuesto, hay en marcha otros grandes negocios que involucran a grandes empresas contratistas, gobernantes y funcionarios, como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, concesionados por décadas a empresas como OHL e Higa, y los habrá en un futuro, cercano o lejano, pues las élites nunca se rinden y siempre encontrarán la manera de hacer grandes negocios a costa de los grupos menos favorecidos, en especial con la anuencia de gobiernos entreguistas.
En otro orden de ideas, el presidente Peña Nieto hereda a la próxima administración una deuda externa que asciende a 10.8 billones de pesos, duplicando la deuda pública en sus 6 años de mandato, el monto más alto del que se tenga registro. Resalta aquí que a pesar de un crecimiento tan elevado de la deuda es “el primer sexenio en que el gasto público no contribuye con el crecimiento económico”, a decir del connotado economista Jonathan Heath. La pregunta obligada es si tal deuda no se utilizó para generar un mayor crecimiento económico, ¿en qué se utilizó?
Como se ha buscado mostrar aquí, el de Peña ha sido un sexenio perdido para la población no así para las élites política y económica. Sin embargo, no sólo en materia económica se ha perdido. También en materia de violencia e inseguridad, al ser el sexenio que termina siendo más violento que el anterior, en materia de impunidad, de violación de derechos humanos, aprovechamiento del bono demográfico, creación de oportunidades para las personas de escasos recursos, para mujeres, para jóvenes, para reducir la desigualdad social y detener la terrible desintegración social que vive el país.
Para ir cerrando, se sostiene que, si bien Enrique Peña Nieto no pierde en términos de beneficios económicos, si lo hace en términos históricos, pues acabó con la oportunidad de pasar a la historia de México como un buen presidente. Por el contrario, lo hará como el peor mandatario de la segunda mitad del siglo pasado y del que corre.
En sentido, el primer dato que salta a la vista es que siete de cada 10 mexicanos creen que el priista entregará un país peor del que recibió, según una encuesta realizada por De las Heras Demotecnia.
De acuerdo con datos de Parametría, Peña tuvo una aprobación promedio durante su administración de 38%, esto se traduce en que 6 de cada 10 mexicanos desaprobaron su desempeño a lo largo de seis años; para el 81% de las personas encuestadas hizo menos de lo que se esperaba, contrastando con el 11% que afirma hizo lo que se esperaba y el 5% que cree hizo más de lo esperado; el 5% considera que entrega un país igual de malo y el 73% un país peor. Los rubros peor calificados son combate: a la pobreza (76%), a la corrupción (78%), al narcotráfico (82%) y a la delincuencia (84%).
Con seguridad para todo expresidente, por cínico, superficial, autoritario, cruel, entreguista que sea, el juicio de la historia es importante. Todos quisieran ser recordados como alguien que hizo algo bueno por su país, lo hayan hecho realmente o no. Los detalles no importan, lo verdaderamente relevante es permanecer en la memoria colectiva como aquel que amó a su país e intentó dar lo mejor de sí sin aprovecharse del puesto ni de la buena voluntad de los gobernados.
Sin embargo, a pesar de la fortuna acumulada, por él y las élites por él favorecidas, Peña Nieto no logró en seis años grabar su nombre en letras de oro ni convencer a sus gobernados de los aciertos de su administración, ni mucho menos cambiar la imagen que se creó a partir de que no pudo identificar y nombrar, en la FIL de Guadalajara en 2012, tres libros que hubieren marcado su vida política, y gracias a que no supo cuánto costaba un kilo de tortilla, argumentando no ser la señora de la casa.
Esta imagen se reforzó a lo largo del sexenio debido a la existencia de redes sociales, en las que es posible observar de manera reiterada los dislates del mandatario, y en las que la narrativa transmedia, caracterizada por ser un relato que transita por diversos medios de comunicación y por la participación de los usuarios, quienes minimizan, magnifican, modifican y crean contenidos a partir, en este caso, de los insumos proporcionados por el mismo Peña Nieto, de manera que no es posible dejar pasar un error esperando que la corta memoria de las y los gobernados haga lo suyo.
El ‘derecho al olvido’ no opera en este caso, a riesgo de ser considerado una acción deliberada de censura, de tal suerte que EPN no pudo contrarrestar la percepción a partir de la cual se le califica como superficial, ignorante, incompetente y corrupto, a pesar del enorme gasto en publicidad oficial en que incurrió su gobierno, que bien puede ascender a más de 42 mil millones de pesos, el cual incluyó una larga serie de spots a través de los cuales intentó persuadir (apelando a las emociones) y convencer (apelando a la razón y los datos duros) a la población de las bondades de sus reformas estructurales, en especial de la energética y la educativa (las joyas de su corona).
Pero no sólo eso, Peña no podrá librarse ya de al menos dos casos con los que será ligado su nombre y su sexenio: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y La Casa Blanca.
Finalmente, Peña Nieto se va como llegó, con un cortísimo spot súper producido, sin espontaneidad, autenticidad, vergüenza ni autocrítica. Con la tranquilidad que da haber asegurado una vida de lujos para él y su familia por mucho, mucho tiempo.
Dicho lo anterior, cabe reiterar las preguntas: ¿el de Enrique Peña Nieto fue un sexenio perdido? ¿Para quién?
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