Ale Xilotl
Quito, Ecuador.- Es necesario establecer políticas y acciones transnacionales y extra-continentales, partiendo de un enfoque multidimensional que incluya de manera genuina a la sociedad civil, a las personas migrantes y a sus familias.
Las políticas migratorias restrictivas impuestas a los países de nuestra región, significa una regresión a los tratados internacionales ratificados para la protección de las personas en la movilidad y los acuerdos firmados por los gobiernos, como es Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. – El pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular o Pacto Mundial Sobre Migración es un acuerdo intergubernamental promovido por la Organización de las Naciones Unidas, 160 países respaldan dicho pacto, entre ellos México, mismo que se celebró en 2018 en Marrakech dando este acuerdo por aceptado-.
Ante el contexto con grandes costos humanos en la movilidad en la que vivimos actualmente, hacemos un llamado desde la sociedad civil que integra el Bloque Latinoamericano sobre Migración para:
Reconocer que la migración es un derecho, porque es parte de la naturaleza humana migrar. El enfoque de seguridad nacional en las políticas migratorias criminaliza la migración y a las personas en movilidad. Las políticas deben ser encaminadas a desarrollar estructuralmente las condiciones de vida digna en el país de origen, a la protección de personas migrantes en las rutas migratorias y el acceso a derechos en todo proceso de la migración y el retorno, incluyendo a familiares de migrantes.
Que los gobiernos reconozcan y den respuesta integral a las personas en movilidad, bajo un enfoque de a tensión diferenciada acorde a las necesidades específicas de los diferentes grupos poblacionales, desde las perspectivas de derechos humanos, genero, como las migraciones forzadas desde varios pueblos latinoamericanos hacia los países de destino.
Que los estados erradiquen el racismo, la xenofobia, y sus instrumentalización política en torno a la migración deben generar acciones que contrarresten los discursos y comportamientos de esta naturaleza, a través de promover narrativas y enfoques de la interculturalidad.
Que se respete el principio de NO DEVOLUCIÓN y que las autoridades de los gobiernos de la región, no orillen a las personas a la movilidad es buscar rutas más peligrosas. Reiteramos la prohibición de las expulsiones colectivas de las personas migrantes en todos los casos.
Que los gobiernos no se conviertan en países cárceles que restrinjan la movilidad bajo acuerdos de tercer país seguro o acuerdo entre países que violenten derechos fundamentales como la dignidad, la vida, la integridad personal y el derecho a la protección internacional donde las personas se sientan seguras.
Que los gobiernos reconozcan el aporte económico de la población latinoamericana en países de destino donde trabajan, aportan y en muchos casos, sostienen la economía de países de origen mediante las REMESAS.
Que los gobiernos no separen familias por motivos migratorios, las afectaciones en las familias y en la sociedad son irreversibles.
Dicho por el Bloque Latinoamericano y sus contactos Berenice Valdez, Itzel Polo Girasol y Linda Núñez.
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