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El gobierno brasileño ha manifestado su “profunda preocupación” por la decisión de la Fiscalía General de Venezuela de solicitar la detención de Edmundo González, uno de los líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Esta declaración, emitida en un comunicado conjunto con el gobierno colombiano, fue divulgada la noche del martes .
El comunicado destaca que la solicitud de detención de González pone en riesgo los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Barbados, los cuales fueron firmados por el gobierno y la oposición con la mediación de Noruega. Dichos acuerdos buscan garantizar un proceso electoral democrático en Venezuela.
“Los gobiernos de Brasil y Colombia expresan su grave preocupación por la orden de detención emitida por la justicia venezolana contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, el 2 de septiembre. Esta medida judicial compromete seriamente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano en el marco de los Acuerdos de Barbados, donde tanto el gobierno como la oposición reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la promoción de una cultura de tolerancia y convivencia. Además, obstaculiza la búsqueda de una solución pacífica basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas de Venezuela”, afirman los gobiernos de Brasil y Colombia.
La solicitud de detención de Edmundo González se produjo después de que este no se presentara por tercera vez ante el Ministerio Público para explicar la publicación de supuestas actas electorales que, según él, confirmarían su victoria en las elecciones del 28 de julio. La oposición sostiene que ha publicado en internet más del 80% de las actas que comprobarían la victoria de González. Sin embargo, el gobierno acusa a la oposición de falsificar más de 9.000 actas difundidas en la red.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de divulgar los resultados de las elecciones, afirmó que Maduro había ganado los comicios, pero no publicó las actas correspondientes a las más de 30.000 mesas electorales. Estos documentos fueron entregados a los tribunales a principios de agosto.
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