Rossi A. G. 

· El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, advierte que el ámbito de la seguridad ciudadana rebasa a la Guardia Nacional

· Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, afirma que se debe acotar la actuación de la Guardia Nacional

· Ricardo Mejía Berdeja, jefe de la Oficina del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señala que se busca combatir a los grupos criminales en sus mercados ilegales y en sus estructuras

El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, hizo un llamado para que las leyes secundarias de la Guardia Nacional sean resultado de un procesos abierto y participativo que abone legitimidad democrática y credibilidad social.

Durante la inauguración de la segunda ‘Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil’, Jarab pidió que se observen las reglas formales del procedimiento legislativo en su dictaminación y aprobación y que se recuperen los altos estándares internacionales y las mejores prácticas que fueron puestos al alcance del Congreso en materia de uso de la fuerza y registro de detenciones.

Aunque reconoció los aspectos innovadores de la estrategia de seguridad pública, señaló que es un tema que rebasa a la propia Guardia Nacional. “Para nuestra oficina es fundamental asegurar la naturaleza civil de la institución tal como está prevista en la Constitución, observar el marco convencional de derechos humanos consistente desde hace años”, expresó.

Jarab llamó a privilegiar la responsabilidad civil cuando se precisa la intervención militar en tareas de seguridad. Ésta debe ser extraordinaria, justificada en tiempo y restringida a lo estrictamente necesario, subordinada, complementaria y respetuosa de los alcances restrictivos de la jurisdicción; además de regulada y fiscalizada de manera estricta por órganos civiles competentes independientes y técnicamente capaces.

“La vía civil en materia de seguridad demanda un compromisos desde la dimensión local, urge construir policías locales con una cultura distinta de la arbitrariedad que mucha veces impera en su actuación ciudadana, es clave fortalecer el Estado de Derecho y mejorar el funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia y revertir la impunidad. Sin esto no vamos avanzar”, añadió.

Actuación de Guardia Civil debe ser limitada: CNDH

Por su parte, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recordó que en su concepción actual, la Guardia Nacional en el ámbito del combate a la criminalidad sólo pueden implicar disuasión o contención con efectos limitados y de corto plazo.

Dijo que poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente.

“Si no abordamos temas como la operación y autonomía de las 33 fiscalías generales es claro que la formulación de las leyes secundarias a la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional será un aspecto relevante en lograr que dicho cuerpo cumpla con sus objetivos en un marco de respeto al derecho de las personas. Sin embargo, no debemos dejar de lado el espíritu que animó la aprobación final, el consenso alcanzado fue por más y mejor seguridad, así como por consolidar el papel de la instituciones civiles como garantes de la seguridad pública; convicción compartida entre autoridades, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, academia y organismos nacionales e internacionales de protección en la defensa de los derechos humanos”, dijo el titular de la CNDH.

Aseguró que la reforma constitucional abrió la expectativa de que la presencia de personal militar en tareas vinculadas a la seguridad pública se redujera y acotará, mientras que las policías de carácter civil se fortalecían y se desarrollaban. “Es ésta la vía para la seguridad que debemos aumentar y fortalecer, la vía civil que nos permita actuar ante la urgencia de implementar medidas eficaces y pertinentes que reviertan la situación de violencia e inseguridad que se enfrenta en diversas regiones del país en un marco de fomento de la legalidad y respeto de los derechos fundamentales”.

Añadió que la vía es la institucionalidad civil, la legalidad, el respeto y el cumplimiento de la ley, el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Agregó que el país no podrá revertir la situación que enfrenta en tanto no abandone la laxitud o tolerancia al incumplimiento o falta de aplicación de la ley.

“La seguridad es un derecho humano y es a la vez un medio necesario para que se ejerza plenitud de otros derechos humanos. Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin su respeto las medidas de seguridad que se adopten no son aceptables”, expresó.

Durante su participación, Ricardo Mejía Berdeja, jefe de la Oficina del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que se busca combatir a los grupos criminales en sus mercados ilegales y en sus estructuras a través de una estrategia transversal que marca una diferencia con respecto a estrategias pasadas en donde se privilegió el uso de la fuerza. “Esta estrategia no sólo persigue la captura de grupo criminales, desmontará estructuras basadas en el uso millonario de recursos y armamento”, dijo.

Recordó que la Guardia Nacional pretende, como fuerza policial civil, nutrirse con elementos de la policía naval y federal, así como recuperar el control territorial a través de un despliegue de la fuerzas federales.

“El objetivo primordial es la capacitación en investigación policial y derechos humanos, perspectiva de género, así como un régimen disciplinario sólido, base de cualquier organizaron policial que quiera tener resultados”, enfatizó.

Agregó que la Guardia Nacional no sustituye a las fuerzas estatales ni municipales.

Por su parte, Jimena Moreno González, secretaria general del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), enfatizó que la militarización como modelo de seguridad ciudadana no ha dado los resultados esperados.

“El escenario actual de la violencia es alarmante, el debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho, así como los niveles de impunidad; la falta de habilidades técnicas es notoria. La necesidad de construir una política integral que agrupe las preocupaciones, evidencias y debate, así como la experiencia que se ha tenido en distintos países para articular distintas perspectivas de seguridad”, expresó.

A su vez, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que frente al modelo que se ha elegido y que representa la Guardia Nacional más que nunca es relevante la discusión pública sobre la seguridad, así como discutir y hablar sobre los controles internos y externos que el nuevo modelo debe tener.

Acusó que se esperaba una discusión muy transparente y plural sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional, la ley propia de este cuerpo se seguridad, la ley sobre el registro de detenciones, la ley sobre el uso de la fuerza y las reformas al sistema de seguridad pública, pero no ha sido el caso.

“Las iniciativas no se han formalizado ni turnado a comisiones, se discuten en el ámbito cerrado de las representaciones partidarias, buscando que haya los consensos para aprobarlas por unanimidad. Frente a esta realidad, no dudamos en que seguiremos señalando los riesgos de apostar por un modelo que profundiza la intervención castrense en la seguridad ciudadana”, dijo Aguirre.