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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció este viernes que continúa deteriorándose la situación de estos en Nicaragua e indicó que el número de nicaragüenses que abandonan el país está aumentando a un nivel mayor que en la década de 1980.

Durante una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet destacó que durante los últimos tres meses continuó la degradación de las garantías fundamentales en la nación centroamericana.

Continúan las detenciones arbitrarias

“Mi Oficina sigue denunciando detenciones arbitrarias en las que los detenidos se enfrentan a condiciones espantosas, que cientos de organizaciones de la sociedad civil están siendo despojadas de su estatus legal y que, huyendo de la crisis, los nicaragüenses siguen abandonando el país en un número sin precedentes”, alertó.

Citando a fuentes de la sociedad civil, indicó que hay 173 personas que están privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos que estalló en 2018.

Las 50 que fueron detenidas en el contexto de las elecciones de 2021, 11 mujeres y 39 hombres, afrontan “condiciones de detención contrarias a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos” y fueron condenadas a penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitadas para ocupar cargos públicos.

“Cuarenta y cuatro fueron condenas por ‘propagar noticias falsas’, ‘menoscabar la integridad nacional’ y otros delitos. Las otras seis personas fueron condenadas por lavado de dinero y delitos conexos. Sin embargo, estas condenas se habrían basado en alegaciones no comprobadas durante los procesos judiciales”, especificó.

La mayoría de ellas permanecen privadas de libertad en un centro de detención policial donde este año solo se les permitió cuatro visitas de sus familiares adultos, pero no a sus hijos, y se encuentran “en condiciones inhumanas, con especial preocupación por quienes necesitan atención médica urgente, permanente o especializada, que las autoridades se rehusarían a brindar”.

La Alta Comisionada reiteró su petición a las autoridades que garanticen la rápida liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y a preservar su integridad física y mental.

La reforma de educación superior, una amenaza la libertad académica

Bachelet también expresó su preocupación por la drástica reducción del espacio cívico en el país ya que la Asamblea Nacional, a petición del Gobierno, ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones desde inicios de este año, acumulando un total de al menos 454 desde noviembre de 2018.

“Esto no solo ha afectado a organizaciones de derechos humanos, sino también a otras organizaciones nacionales e internacionales, que trabajaban en educación y desarrollo, así como asociaciones médicas y profesionales”, destacó.

Entre ellas incluyó la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de al menos 12 universidades, que en estos momentos se encuentran bajo control estatal.

En este ámbito, señaló que la reforma de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que encarga la aprobación de los programas académicos de todas las universidades a la potestad de un órgano central, representa una nueva amenaza para la libertad académica y la autonomía universitaria.

También manifestó su preocupación por las consecuencias que puede generar la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que entró en vigor el pasado 6 de mayo.

La disposición obstaculiza el registro de las organizaciones y permite al Gobierno total discrecionalidad para requerirles información sobre sus fondos, actividades y beneficiarios.

“Los límites y prohibiciones de esta ley obstruyen fuertemente el libre ejercicio del derecho a la libertad de asociación, así como otros derechos esenciales en una sociedad democrática”, puntualizó.

Se duplican los refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica

A continuación, destacó que la situación de “crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos” que vive el país está expulsando a miles de personas “de la seguridad de sus hogares”, y que el número de nicaragüenses que abandonan el país crece “a cifras sin precedentes, incluso mayores que las registradas en la década de 1980”.

“En los últimos ocho meses, la cantidad refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando el número de 150.000. Esto representa el 3% de la población de Costa Rica. El número de personas nicaragüenses interceptadas en las fronteras de los Estados Unidos de América está viviendo un incremento inédito, aumentando de 3164 a septiembre de 2020 a 92.037 a abril de 2022.En marzo de 2022, la cifra alcanzó 16.088, la más alta registrada hasta la fecha para un solo mes, y ocho veces más alta que la registrada en marzo de 2021”, detalló.

La Oficina de Bachelet logró documentar “varios casos de hostigamiento e intimidación” cometidos por las autoridades nicaragüenses “que colocan al derecho a la libertad de circulación bajo grave amenaza”, la negación de renovación de pasaportes en un consulado de Nicaragua y casos de retención injustificada de este tipo de documento a nacionales que pretendían salir del país.

Por último, dijo que el análisis final de las dos comisiones de la Asamblea Nacional sobre la legislación penal empleada para perseguir a quienes el Gobierno percibe como opositores, en la que se propone endurecer las penas y otras medidas represivas como la confiscación de bienes, “genera serias preocupaciones que invitan a pensar que el Gobierno busca profundizar aún más la represión de voces críticas”.

“Exhorto enfáticamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y no alejarse aún más de ellas. También insto a las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional”, concluyó.