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El relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados manifestó su preocupación este jueves por los ataques continuos contra los miembros de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y recordó que el Estado tiene la obligación de evitar estas agresiones, además de que no debe interferir en las funciones de la Corte Suprema de ese país.

En un comunicado, Diego García-Sayán citó también las acciones legales “arbitrarias e indebidas” por parte del Congreso Nacional contra los magistrados, agudizadas desde mayo pasado, cuando la Corte de Constitucionalidad estableció una hoja de ruta para el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones.

García-Sayán llamó a todos los poderes del Estado en Guatemala a cesar esos embates contra los magistrados e instó a cumplir las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.

Intento de imputaciones

El experto se refirió a los cargos de presuntos delitos que el Congreso ha intentado hacer contra varios integrantes de la Corte de Constitucionalidad, y a las solicitudes de retirarles la inmunidad.

En este renglón subrayó que el Congreso y la Corte Suprema no han acatado los amparos de la Corte de Constitucionalidad que ordenan el cese de esas acusaciones penales.

Además, la Suprema Corte emitió una decisión que permitió al Congreso establecer una comisión investigadora de la Corte de Constitucionalidad que atenta contra la independencia de esa institución.

“El Estado tiene la obligación de prevenir los ataques contra magistrados por el desempeño de sus funciones y debe evitar la interferencia política en particular en las funciones del máximo tribunal”, recalcó García-Sayán.

Retrasos

El relator también citó con alarma los repetidos retrasos del Congreso para designar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones.

“La programación de las reuniones en el Congreso para avanzar en el proceso de selección se prolonga indefinidamente y no ha dado lugar a que se lleven a cabo tales elecciones”, apuntó.

“El Estado no puede abdicar de sus responsabilidades para efectuar el nombramiento oportuno y adecuado de los miembros de las altas Cortes y debe velar por la transparencia del procedimiento”, puntualizó el experto.

Este proceder del Congreso constituye una violación de la orden de la Corte de Constitucionalidad y, sobre todo, es un ataque que “deslegitima la función de la institución”, dijo García-Sayán y añadió que se trata de una acción “inaceptable” para el estado de derecho.