Piden castigar a ayuntamientos por incumplir con el atlas de riesgos

Jorge Barrientos

La asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) iniciar una investigación en contra de los ayuntamientos de Puebla que no cumplen con la obligación legal de contar con un Atlas Municipal de Riesgos actualizado, situación que, advirtió, pone en riesgo la seguridad de la población.

De acuerdo con la organización, los 217 municipios del estado incumplen lo establecido en el artículo 63, fracción IX, de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, que obliga a los gobiernos municipales a elaborar, implementar y actualizar anualmente dicho instrumento, considerado clave para la prevención y atención de emergencias y desastres naturales.

Poblanos Unidos informó que, actualmente, solo 38 ayuntamientos cuentan con Atlas de Riesgo, aunque estos no se encuentran actualizados, por lo que también se consideran en incumplimiento de la ley. En contraste, 179 municipios nunca han elaborado este documento, a pesar de que la normativa estatal fue promulgada en 1999, lo que representa más de 27 años de omisión sistemática por parte de las autoridades municipales.

La asociación civil señaló que esta situación refleja una falta de interés y responsabilidad de los presidentes municipales en funciones y de administraciones anteriores, al no atender disposiciones legales relacionadas con la protección civil y la prevención de riesgos, sin que hasta ahora existan consecuencias administrativas.

En este contexto, Poblanos Unidos hizo un llamado al Auditor Superior del Estado, Germán Reyna y Herrera, para que, en el marco de las auditorías que se realizan a los gobiernos municipales, se incluyan revisiones específicas sobre el cumplimiento de la Ley Estatal del Sistema de Protección Civil y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, la organización subrayó que el Atlas Municipal de Riesgos es una herramienta indispensable para salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población, por lo que insistió en la necesidad de que se apliquen sanciones a los ayuntamientos que han incurrido en negligencia y omisión en esta materia.