Cortes de energía paralizan más de 3,000 empleos y la producción de la Región de Cañada Morelos

Staff/RG

Cortes de la electricidad tienen paralizados desde principios del año más de tres mil empleos en el parque agroindustrial Rancho Nuevo, en la localidad de Jesús Nazareno Puente Negro y zonas de riego de Santa Catarina, ambos en la región de Esperanza y Cañada Morelos, debido a que la Comisión Federal de Electricidad región Centro Oriente se niega a proporcionar el suministro del flujo de corriente necesarios en la operación de empresas y bombas de agua para regar tierras.

Los afectados responsabilizaron de la crisis a funcionarios de la paraestatal que tras de sí cargan con un historial de quejas por este mismo motivo en estados del norte del país desde 2013 y que les valieron acusaciones directas ante la Presidencia de la República que se comprometió a indagar y tomar acciones al respecto. Los apoderados legales de empresas de vidrio, cartón y destilados en la región acusaron que Félix Omar Flores Peraza, gerente de la División Centro Oriente de la CFE Distribución, ha obstaculizado el restablecimiento del servicio bajo el condicionamiento al pago de multas millonarias no obstante el pago oportuno de sus cuentas y la existencia de amparos federales concedidos a favor de los industriales.

En la Junta Auxiliar de Santa Catarina Los Reyes dos mil productores también enfrentan la crisis porque la paraestatal tiene interrumpido el servicio eléctrico para bombas que también dan abasto a otras comunidades cercanas. La irregularidad persiste aunque el presidente de la localidad, Andrés Morales Etchegaray, acordó pagar una multa superior a los 478 mil pesos bajo convenio, misma que originalmente la CFE la tasó en 1 millón 200 mil pesos.

Otros pozos como el de la Hacienda de Los Morales, San Martín y Los Ramírez, de los cuales dependen sociedades agrícolas, han sido multados anteriormente con montos excesivos cuyo criterio no es claro.

El superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Distribución, para la zona de Tecamachalco, Manuel Alejandro Aguilar Águila, es identificado por los apoderados legales de las empresas del parque industrial Rancho Nuevo como el artífice del corte de la energía que puso en riesgo más de 1,200 puestos de trabajo en las compañías Vetro de Cantabria S.A. de C.V., Complejo Agroindustrial Santander S de R.L. Americaps S.A. de C.V. así como Estrategias Dul S.A. de C.V desde el pasado 9 de diciembre de 2024.

Este funcionario fue señalado en la conferencia mañanera el 14 de septiembre de 2023, aun en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuestos actos de corrupción como otorgar, de manera irregular, contratos millonarios a empresas siendo director de la paraestatal en Baja California. El periodista de ese estado, Jorge Díaz, acusó a Manuel Alejandro Aguilar de realizar licitaciones amañadas que favorecieron a proveedores de Veracruz y Estado de México sin tomar en cuenta a las locales, además de haber dado de baja a personal experimentado para contratar personal sin perfiles apropiados.

Este comunicador lo identificó como responsable del corte de energía en Mexicali que dejó sin corriente eléctrica a familias en plena ola de calor, donde -según su dicho- habían ya fallecido al menos medio centenar de personas por golpes de calor.

Herón Cruz Contreras, representante legal del agro parque Rancho Nuevo, localizado en el poblano de Jesús Nazareno, al sur oriente del estado de Puebla, explicó que la CFE impuso en diciembre una multa superior a los 37 millones de pesos por supuestos “sellos violados” de los medidores y la suspensión del flujo de corriente. No obstante lo anterior las empresas obtuvieron un amparo federal que ordenó la reconexión pero el gerente de la División Centro Oriente de CFE Distribución, Félix Omar Flores Peraza, cumplió parcialmente la determinación del juez pues otorgó un suministro insuficiente para los requerimientos de las compañías que no les permite recuperar la producción, no obstante que el monto que cuesta el suministro del flujo con la potencia óptima ha sido pagado desde el 1 de marzo de 2024.

Expresó que se trata de una manera de seguir presionando a las empresas para exigir un pago de esa multa que para el cuerpo de abogados es excesiva. Enfatizó que Flores Peraza exige el cumplimiento de otros requisitos ‘absurdos’. Dijo que otra forma de acosar al agroparque es no atender nuevas denuncias de interrupciones del servicio parcialmente otorgado como la ocurrida el viernes 14 de marzo cuando en horas de la tarde personas no identificadas vandalizaron un equipo “restaurador” que en su interior porta baterías y permite la continuidad o la interrupción de la corriente, el cual es controlado a distancia por señal de radio mediante una antena. El apoderado remarcó que las denuncias se han realizado ante la gerencia de la CFE que simplemente las han ignorado.

Por su parte, el abogado José Ibarra Clemente, apoderado legal de la empresa Vetro de Cantabria, detalló que en estos casos denunciados ya existe jurisprudencia previa contra los “cortes de energía elétrica” como el consignado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 35 de marzo de 2024, tomo VII, página 6355, con registro digital 2028504, que consta en Tribunales Colegiados de Distrito.

Sobre el punto, cita el documento, para que se continue con la prestación del servicio no se requieren ni siquiera presentar garantías por ajustes de facturación para asegurar el pago del consumo, recalcó.

Los apoderados legales comentaron que, tras hacer un seguimiento de la trayectoria de estos funcionarios de la paraestatal, saben por fuentes diversas que su “modus operandi” es llegar a las empresas acompañados con guardaespaldas o cuerpos de seguridad que no se identifican como elementos de corporaciones públicas, inventan irregularidades y, si en el momento no logran que cedan a la presión, envían posteriormente representantes de la CFE con una falsa ayuda para realizar “reajustes” del cálculo en las sanciones reclamadas a cambio de sobornos o llamados “moches”.

Ante la complicada situación que prevalece, la cual ha ocasionado pérdidas que ya se estiman en millones de pesos, los empresarios perjudicados esperan atraer la atención del gobernador Alejandro Armenta Mier y del gobierno federal, ya que están en juego miles de empleos remunerados. Manifestaron que la actuación de los funcionarios menores de la paraestatal CFE con trayectoria pública altamente cuestionada, rompen con el total respaldo de las administraciones gubernamentales al emprendimiento y la generación de fuentes de trabajo que no se deben poner en riesgo de esta manera.