Staff/RG

La investigación penal al titular del Instituto es un paso en la dirección correcta pero aún insuficiente, señala la Mtra. Margarita Núñez, Coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la IBERO

La propuesta de sustituir al INM es aún bastante frágil y todavía un poco irreal, advierte

El incendio en este mes de marzo de una de las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez -que dejó 40 defunciones y 25 personas heridas- ha sometido de nuevo a esta dependencia al debate político y mediático, con los anuncios de acciones como una investigación penal en contra de su titular e incluso la sustitución del Instituto por una Coordinación nueva.

Sin embargo, en realidad queda pendiente un reconocimiento más estructural de las responsabilidades en términos del enfoque de la política migratoria y las decisiones políticas en esta materia, más allá de lo que sucede con el INM, explica en entrevista la Mtra. Margarita Núñez Chaim, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de nuestra Universidad Iberoamericana. Apunta que el INM es solamente el encargado de ejecutar la política migratoria, pero las decisiones al respecto corresponden a niveles más altos, como las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

Este lunes 11 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer en un comunicado que procedió penalmente contra los directivos del INM, Francisco Garduño y Antonio Molina, Comisionado y Director General de Control y Verificación Migratoria, respectivamente. Y el miércoles, la FGR obtuvo un citatorio de un juez de Control en Chihuahua para ambos personajes.

Si bien un paso como éste va en la dirección correcta en la rendición de cuentas hacia lo ocurrido en Ciudad Juárez, es insuficiente, dijo Margarita, pues no queda claro en qué momento específico del proceso se encuentra la FGR. Si esto llega a juicio, agrega, habrá que ver qué tan sustentada, con evidencia y fuerte está la investigación de la Fiscalía.

Implementación de la política migratoria, problema de fondo

El problema no radica “tanto en lo formal ni en lo que dicen las leyes, sino en cómo se implementan y se llevan a la práctica”, explica la Mtra. Núñez Chaim. Tanto la Ley de Migración como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos, son garantes de derechos y tienen una perspectiva de protección de las personas migrantes. “El problema no es que no exista el marco jurídico ni el entramado institucional para ello, sino que no se implementa con esa perspectiva”.

Otro inconveniente adicional que señala la especialista es que en el discurso, tanto presidencial como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las medidas en torno a la migración son descritas como “humanistas y de respeto de los derechos humanos”, cuando lo que estamos viendo en la práctica es todo lo contrario.

Mientras existan estas discrepancias entre el discurso y los hechos y no se reconozcan responsabilidades en un nivel más alto para generar una verdadera transformación, advierte la doctora, pasos como la averiguación de la FGR se quedan muy cortos con la deuda de justicia y la garantía de que no haya impunidad ni repetición de los hechos.

Reemplazar una institución no es tan sencillo

Otra de las medidas dadas a conocer en torno al INM, en este caso a través del padre Alejandro Solalinde, es su sustitución por un organismo nuevo, la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Al respecto, la Mtra. Margarita considera que la propuesta es “ahora bastante frágil y todavía un poco irreal”, pues no hay todavía información oficial ni sobre la vía legal por la que se llevaría a cabo. Además, agrega que este cambio no es tan sencillo, pues se tendrían que reformar al menos tres leyes: la Ley de Migración; la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y la Ley general de población.

Lo que hasta el momento se ha planteado, nos dice, es que esta Coordinación involucraría a diversas instancias que van desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Educación y Salud, pero también involucraría a las de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional (GN).