Maricela Allende

El reporte presentado por México Evalúa sobre la evaluación de la operación del sistema de justicia penal indica los cálculos de impunidad estatal en delitos específicos.

Los delitos de desaparición forzada (98.9%), extorsión (98.2%), violencia familiar (97.1%) y homicidio doloso (96.9%) reportan los mayores porcentajes a nivel nacional, estos datos muestran la ausencia del Estado para formar o fortalecer instituciones, la resistencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, el abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y ampliar el acceso a la justicia.

A nivel nacional el 91.8% de los delitos investigados quedan impunes. De acuerdo con Hallazgos, en 2021 el presupuesto del sistema de justicia penal a nivel estatal aumentó sólo 0.07% con respecto a 2020.

De este presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.

En el mismo estudio mencionan que las personas que trabajan en instituciones del sistema de justicia penal enfrentan sobrecarga de trabajo.

En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional; cada perito atendió 356 solicitudes; cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.

Por su parte, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, dijo que, al
ser insuficientes los recursos para las instituciones, esto influye en su capacidad de respuesta a la ciudadanía y la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de Derecho aún más débil”.

En el ámbito federal, Hallazgos habla de la fallida transición de la Fiscalía General de la República, la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.

El reporte recoge que actualmente 94 mil elementos de las fuerzas armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que sólo 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con una certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones policiales.

Además, la Guardia Nacional acumula más quejas por presuntas violaciones a derechos humanos: 350 en 2020, 504 en 2021 y 255 con corte a junio de 2022.

Este año, Querétaro, Nuevo León y Coahuila encabezaron el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, con 1,012, 924 y 918 puntos, respectivamente.

Sin embargo, ninguna entidad cumplió con el estándar mínimo de condiciones, que fue de 1,100 puntos, y la brecha entre entidades se amplía.

El reporte destaca también que, ante la ausencia de un liderazgo federal, Baja California Sur, Guanajuato, Nayarit, Coahuila, Hidalgo y Morelos reinstalaron o renovaron sus instancias de coordinación, con la finalidad de impulsar el avance del modelo acusatorio