El Valle

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Maurilio Hernández González, señaló que la iniciativa que envío la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) para el combate la extorsión contra comerciantes cometida por grupos delincuenciales, será atendida sin ninguna preferencia, pero, si, atendiendo dicha problemática.

“La iniciativa seguirá su turno, se necesita estudiar al igual que cualquier otra iniciativa; aquí no tenemos la figura de iniciativas preferenciales; de acuerdo a las prioridades y a la necesidad de la propia realidad, nosotros atendemos los temas, así, que si tiene que ver con ese propósito, tengan la seguridad de que se atenderá a la brevedad”, indicó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en días pasados, envió a la LXI Legislatura del Estado de México, una iniciativa por la que se adicionarían los artículos 199 BIS y 199 TER, al Código Penal estatal.

Con ello, se busca sancionar la coacción de grupos criminales a pequeños comerciantes para imponer condiciones de mercado, mediante la creación de un tipo penal donde la denuncia no dependa del ciudadano, sino que, con base en circunstancias o elementos como alza injustificada de precios, competencia desleal o estudio de mercado, permita a las autoridades investigar y sancionar el ilícito.

Y propone adicionar los artículos 199 BIS y 199 TER, para crear un tipo penal en el Subtítulo Tercero denominado “Delitos contra la economía” Capítulo I “Delitos contra el consumo”.

De lo que se trata, dijo el Fiscal General de Justicia Estatal, José Luis Cervantes Martínez; es contar con un instrumento que nos permita actuar de oficio, en actividades que antes no correspondían a la autoridad, propiamente a la Fiscalía, ni mucho menos estaban contempladas como una expresión criminal.

“Lo importante es que, la autoridad va poder actuar e intervenir esos negocios, detener a esos sujetos sin necesidad de comprometer la integridad de aquellos que se ven subyugados, se ven forzados a actuar en favor de ellos a través de alguna amenaza o través simplemente de alguna presión que sientan ellos y les impida actuar y acudir a la Fiscalía o a la autoridad para denunciar”.

Cabe mencionar que la iniciativa que envió la Fiscalía mexiquense establece en el Código Penal penas de seis hasta diez años de prisión para quien realice conductas encaminadas a generar una alza de precios, competencia desleal o distorsionar el mercado.

También, siete a 15 años cuando la persona que cometa el delito se ostente como integrante de alguna asociación o grupo delictuoso o haga uso de la violencia.