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Afganistán enfrenta una gama de desafíos de derechos humanos que impactan gravemente a la población, declaró este jueves ante la prensa en Kabul el relator especial para ese país*.

Al terminar una visita de once días a Afganistán, Richard Bennett señaló que los talibanes no han reconocido ni abordado la magnitud de los abusos de las garantías fundamentales, muchos de los cuales se cometen por su causa.

“Los talibanes se encuentran frente a una encrucijada: o la sociedad se vuelve más estable y todos los afganos disfrutan de la libertad y los derechos humanos, o se torna cada vez más restrictiva”, dijo.

Bennet consideró que los riesgos de una mayor inestabilidad podrían mitigarse si reabrieran urgentemente las escuelas secundarias para niñas, se estableciera una administración inclusiva y representativa de todos los segmentos de la sociedad afgana, y se proporcionara una plataforma para el diálogo y la reparación.

Además, esas medidas reducirían el sufrimiento, agregó.

Invitación de las autoridades de facto

Durante su estancia en Afganistán, el experto se reunió con líderes talibanes y representantes de la sociedad civil, incluidas mujeres defensoras de los derechos humanos, así como periodistas, víctimas de violaciones de derechos humanos, personas con discapacidades y miembros del poder judicial.

Bennett estuvo en el país por invitación de las autoridades de facto, lo que le permitió acceder a todo el territorio y visitar escuelas, hospitales y prisiones.

En su opinión, esto es muestra de un compromiso para garantizar que haya un monitoreo transparente.

El relator indicó que las hostilidades armadas han cesado en muchas partes del país desde que los talibanes tomaron el poder en agosto pasado.

Agregó que el reciente establecimiento de una comisión para el regreso de personalidades afganas destacadas puede brindar una oportunidad para el diálogo y para fortalecer la gobernabilidad.

Informes alarmantes
Con respecto a la amnistía general a funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno anterior, consideró que podría ser un primer paso hacia la reconciliación, pero al mismo tiempo, expresó alarma por los informes de ejecuciones extrajudiciales y por venganza de ex integrantes de esas fuerzas y ex servidores públicos, al igual que las búsquedas a domicilio de ciertas personas.

Al referirse a la crisis humanitaria y económica que azota al país, Bennet instó a la comunidad internacional a mantener el apoyo a los afganos y a garantizar la distribución de ayuda equitativa.

Los gobiernos también deben asegurarse de que la implementación de sanciones no obstaculice sustancialmente la provisión de servicios públicos esenciales, enfatizó.

El relator especial aseveró que muchas de las políticas de las autoridades de facto y su intención de tener un control absoluto han creado una sociedad gobernada por el miedo.

Las mujeres, sin derechos

Bennet también subrayó su profunda preocupación por la eliminación de las mujeres de la vida pública, y citó atropellos como la suspensión de la educación secundaria de las niñas, las barreras para el empleo, la imposición del hiyab y las limitaciones a la libertad de movimiento, asociación y expresión.

“Pido a las autoridades de facto que revoquen de inmediato las políticas y directivas que afectan negativamente a las mujeres, y que den prioridad a los derechos de las mujeres y las niñas a una participación igualitaria en la educación, el empleo y todos los demás aspectos de la vida pública”, recalcó.

El experto instó, por otra parte, a investigar una serie de ataques contra lugares de culto y escuelas en las provincias de Kabul, Kunduz y Balkh, algunos de los cuales han sido reivindicados por el grupo terrorista ISIS-K.

Dichos ataques, que apuntan específicamente a miembros de las comunidades hazara, chiíta y sufí, se están volviendo cada vez más sistemáticos y organizados, por lo que tienen el sello distintivo de crímenes contra la humanidad, explicó.

Enfrentamientos en el norte

El relator apuntó que en Panjshir y otras provincias del norte se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de facto y combatientes afiliados al Frente de Resistencia Nacional, un grupo antitalibán.

En este contexto, reportó denuncias de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluidos arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamiento forzado.

Asimismo, destacó un alto número de informes de intimidación, hostigamiento, ataques, arrestos y, en algunos casos, asesinatos o desapariciones de periodistas, fiscales, jueces y miembros de la sociedad civil.