Ricardo Homs
La negativa de la FGR a transparentar las denuncias que se hayan presentado contra el presidente de la república, así como las existentes en contra de los expresidentes, -lo cual ha sido solicitado por el INAI-, nos plantea la necesidad de un debate jurídico respecto a estos temas, que fueron desarrollados inicialmente para proteger el derecho ciudadano a recibir información, consignado en el artículo sexto de nuestra Constitución.
Este requerimiento presentado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información ha sido ignorado por la FGR argumentando “riesgos al honor y buen nombre del presidente”, por lo cual ha clasificado estos expedientes como información confidencial.
Es necesario reconocer que el presidente, -sea quien fuere-, no es un ciudadano más, pues, aunque él viaje en vuelos comerciales como “cualquier hijo de vecino”, es quien en la práctica detenta todo el poder del Estado Mexicano y todo lo que hace tiene consecuencias para el país y para los ciudadanos en lo particular. Por tanto, todo lo que compete a su persona es un “asunto de interés público”, incluyendo su salud, por citar un ejemplo.
El libro titulado “La salud y el expediente clínico del presidente de la república: un asunto de interés público”, publicado por la jurista y académica Hilda Nucci, manifiesta que la transparencia es un derecho fundamental que forma parte de la vida democrática.
Por tanto, estos temas rebasan el ámbito político, así como la precisión de centrarse en la figura de la persona que ocupa la presidencia de la república. Por ello esto temas deben ser parte de una nueva cultura de transparencia, sea quien sea el presidente.
Es necesario delimitar lo que significa el derecho a la libertad de expresión cuando quienes lo invocan ejercen poder desde lo más alto de las instituciones gubernamentales.
Es evidente que los derechos ciudadanos denominados “libertad de expresión”, “derecho a la información”, así como otros de alcance similar, surgieron, -no para empoderar aún más a quien ya ejerce poder-, sino para proteger al ciudadano que está en posición vulnerable e inequitativa frente a quien ejerce poder y autoridad.
Por ejemplo, cuando el presidente de Bolivia Evo Morales perdió en 2016 el referéndum para reelegirse, se negó a aceptar los resultados argumentando que obligarlo a cumplir ese mandato ciudadano violentaba sus “derechos humanos”. Por tanto, apelaba en sentido opuesto a un derecho que se creó para proteger al ciudadano vulnerable respecto a los gobernantes. Evo Morales con esa actitud violentó el derecho de los bolivianos a escoger quien les gobierne.
Sin embargo, Evo se negó a dejar la presidencia y los tribunales de ese país, contraviniendo el sentido común, le dieron la razón. De este modo Evo se burló de los bolivianos y del estado de derecho. ¿Una elección convocada por él desde la cúspide del poder, cuando obtiene un resultado adverso representa violación a sus derechos humanos?
Tan tenía el poder a su favor Evo, que no tuvo consecuencias por realizar este acto antidemocrático.
En nuestra realidad mexicana presentar a alguien como “traidor a la patria” desde la famosa “mañanera” le pone públicamente en estado de indefensión, incluso con el riesgo de ser agredido por gente radical.
Por otra parte, acusar de corrupción o prácticas inmorales a una empresa sin tener pruebas contundentes avaladas por un juez, tiene para ella un alto impacto negativo en el mercado, e incluso, en el valor bursátil de sus acciones en el mercado de valores, pues los posibles inversionistas las deprecian.
Cualquier declaración desde el poder gubernamental tiene graves consecuencias e impacto en el mundo real, pero no a la inversa.
Por tanto, es alto el riesgo para quienes son mencionados como adversarios del presidente y son acusados con interpretaciones subjetivas, porque esto puede tener un impacto real para los señalados.
Como ejemplo está el caso de los 31 científicos señalados por Conacyt ante la FGR. Esta denuncia ha tenido públicamente el apoyo presidencial, lo cual ha impactado negativamente el derecho que los señalados tienen a poseer un nombre honorable, hasta que un juez dictamine su culpabilidad después de haber valorado pruebas en contra y a favor. Sin embargo, con el apoyo presidencial y de la opinión pública, la FGR ha pretendido presentar a cada uno de ellos como corrupto, lo cual ha manchado públicamente su honorabilidad.
El derecho a la información y a la libertad de expresión son temas que deben ser evaluados desde la perspectiva del impacto que pueden tener dependiendo de quien ejerce ese derecho, pues ejercido desde el poder político puede violentar derechos humanos de ciudadanos e instituciones que están en estado de vulnerabilidad e indefensión frente al poder absoluto que hoy se ejerce desde la presidencia de la república, estimulado este por el aplauso ciudadano.
Hoy que se gobierna midiendo el ánimo colectivo, -pretendiendo dar gusto al pueblo-, el poder de la palabra se magnifica a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por tanto, la palabra que sale desde la “mañanera” se convierte en un misil teledirigido de alto poder destructivo para el destinatario final.
Por tanto, es necesario reinterpretar el alcance del derecho a la libertad de expresión, -así como el derecho a la información-, desde el parámetro de este nuevo contexto social y político que hoy vivimos, a fin de delimitar sus alcances en busca de equilibrios, para que el poder de la palabra, -así como de la información-, se conviertan en una herramienta para generar consensos que enriquezcan a la sociedad y no terminen siendo un arma que estimule la confrontación.
MÉXICO EN LA ONU
El mensaje medular de nuestro presidente, dirigido a la comunidad internacional a través de los representantes de los países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, era más cercano a lo que podría expresar un aspirante al Premio Nobel de la Paz, que lo que plantearía un estadista que gobierna un país tan importante como México.
La propuesta de nuestro presidente para garantizar una vida digna a 750 millones de personas que alrededor del mundo sobreviven con menos de dos dólares diarios, fue presentada en el lugar incorrecto, tal y como lo manifestó Vasily Nabenzya, representante de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Sin embargo, el desinterés de nuestro presidente por participar en foros internacionales a los que ha ignorado, nos lleva a considerar la posibilidad de que quizá su objetivo no era impactar a la comunidad internacional, sino a su público dentro de México, enriqueciendo su imagen al hacerlo desde este importantísimo foro internacional.
A final de cuentas el común de los mexicanos no logra diferenciar entre una propuesta presentada en el pleno de la ONU, o simplemente en el Consejo de Seguridad, que es un foro especializado.
La relación de México con la comunidad internacional es un asunto serio, pues impacta la imagen de nuestro país en el exterior y por tanto debe ser desarrollada con responsabilidad.
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