Fauna Política

Fracasó la consulta

Por Rodolfo Herrera Charolet

Este día primero de agosto de 2021, Andrés Manuel López Obrador sufrió una nueva derrota, tras el desaire que hizo la ciudadanía a su consulta que él planeó, promovió y aprovechó. Este mismo día el Instituto Nacional Electoral estimó que en la consulta popular de este domingo sobre hechos políticos del pasado, participó entre 7.07 y el 7.74 de los 93 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por lo que no se alcanzó el 40% de la participación requerida por la ley para ser vinculante.

Ante el fracaso de pretender justificar su linchamiento mediático a ex presidentes de la república, sus voceros acreditados, empleados y fieles seguidores ya culpan al Instituto Nacional Electoral de su fracaso, no obstante que dicho órgano electoral gastó más de 500 millones de pesos en su organización; difundió en 16 días de campaña 377,833 spots de radio y televisión, colocó 5,295 promocionales en anuncios para bardas, carteles, espectaculares, lonas, entre otras acciones.

Tras el rotundo fracaso, también culpará a la clase media, a los fifís y quien no siga la ola de linchamiento que se pretendió justificar. Aun cuando la consulta popular, el plebiscito y cualquier alternativa para preguntarle a la gente su opinión sobre decisiones de gobierno, es una forma de participación de la sociedad civil organizada y vieja demanda insatisfecha. El problema central de la consulta popular de este domingo, lejos de ser un hecho histórico, como los aduladores lo afirman, desde su percepción y manipulación se convirtió en un circo de los actores de la demagogia, muy conveniente para la narrativa presidencial.

El Presidente, el partido Morena y sus seguidores, no entendieron la razón de existencia de un mecanismo de la consulta popular, que pretendieron convertir en un justificante para encubrir las propias y actuales deficiencias del régimen. Como lo aclaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aplicación de la ley no es motivo de consulta. Pero en el gobierno dubitativo del presidente, la duda persiste.

Por su parte los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Arturo Zaldívar, Jorge Pardo Rebolledo, José Fernando Franco González, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos-Farjat y Yazmín Esquivel Mossa y por supuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificaron la iniciativa del presidente para que tuviera una cara legal, más por no tener problemas que por acatar el ordenamiento constitucional, dejando para la historia un peligroso precedente. Su reformulación de la pregunta, motivo de consulta, dejó en el limbo tanto su alcance como a sus posibles reos. La simple respuesta a una pregunta no es clara, se convirtió en un laberinto sin retorno hacia lo desconocido, ante una gran mayoría de población neófita:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Aun cuando la respuesta es SI o NO, nadie sabe a su sano juicio lo que pretende la pregunta, además de que se requiere de la participación de 37 millones 439 mil 23 de mexicanos para que dicho acertijo sea vinculante, sin saber a ciencia cierta cuáles serán las acciones que el gobierno actual pretende realizar y hasta donde es el alcance de las “acciones pertinentes que se tendrían que llevar a cabo”.

Entre las acciones pertinentes puede ir desde una investigación sin efectos por no poderse aplicar la ley con efecto retroactivo, una multa que no puede ser excesiva y hasta exigir una disculpa pública.

¿Qué gobierno será enjuiciado? Y quien decide a que gobiernos enjuiciar, porque la pregunta no está acotada a un periodo y en gobiernos anteriores tenemos; La Época Colonial, la Independencia, la Reforma, la Revolución, la Guerra Cristera, el gobierno de la matanza de Tlatelolco, el gobierno del fraude cuando se cayó el sistema, entre otros.

Un gobierno incapaz de resolver los grandes problemas actuales, es desde luego ineficiente en vincular a los anteriores, aún más cuando ha demostrado su incapacidad para procesar a Emilio Lozoya o esclarecer la muerte de los normalistas de Ayotzinapa, que dicho sea de paso, es utilizado como pretexto para que el “pueblo sabio” tome como rehén, en territorio guerrerense las casetas de la autopista a Acapulco y se embolse millones de pesos, con total impunidad y hasta con vigilancia de la Guardia Nacional.

Aun cuando se cree que el enjuiciamiento pretendido está enfocado a los sexenios de; Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, esto es un supuesto y no hay certeza. Además de que, en caso de haber delitos, las acciones legales en su contra ya han prescrito.

Mientras que la consulta popular o plebiscito ha sido útil para realizar cambios de fondo y hasta pacificar conflictos violentos; desmontar el Apartheid, en Sudáfrica; En Chile, para desalojar en 1989 a Augusto Pinochet del poder; El Brexit, en Gran Bretaña. En México la pretensión de enjuiciar a ex presidentes, es menos trascendente que los verdaderos problemas nacionales, que tiene el actual régimen; La guerra contra las drogas, la militarización de la seguridad por conducto de la Guardia Nacional, los problemas graves de salud pública por la mala estrategia sanitaria contra el Covid-19, la falta de medicamentos en hospitales públicos. Temas que pertenecen al monopolio e interés del presidente.

Si de circo se trataba la consulta popular, fue evidente que el presidente no fracasó.

¿O no lo cree usted?